11 octubre, 2012
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El diputado panista Adolfo Escobar Jardínez propuso reformas a la Ley Municipal para que los ayuntamientos, en sesiones de cabildo, nombren a sus respectivos tesoreros y a sus directores de obra pública, y los mismos cabildos sean quienes aprueben las cuentas públicas que se envían cada mes al Órgano de Fiscalización Superior (OFS).
El objetivo es que los integrantes de los ayuntamientos se responsabilicen de la aplicación del gasto público, lo que hasta ahora sólo corre a cuenta de los alcaldes y de los tesoreros.
Y es que reconoció que los presupuestos que manejan los municipios muchas veces son desconocidos por todo el ayuntamiento, lo que origina la desconfianza, provoca inestabilidad e ingobernabilidad en las comunas.
Todo lo anterior, dijo, propicia el reclamo de los pobladores, quienes exigen intervenir y resolver la problemática de su respectivo municipio, debido a la falta de transparencia administrativa y financiera.
Para eficientar la realización de las sesiones de cabildo en los ayuntamientos, Adolfo Escobar propuso que las convocatorias también puedan solicitadas por uno o más integrantes de un ayuntamiento, sin que necesariamente lo tenga que hacer el presidente municipal.
Además, que en caso de que no exista un pronunciamiento sobre un tema, éste sea resuelto en un plazo máximo de 24 horas, dandooportunidad que el 30 por ciento de los integrantes de un ayuntamiento convoque a una sesión extraordinaria de cabildo y que en caso de que ésta no sea presidida por el alcalde, sea encabezada por el primer regidor, y a falta de éste el segundo regidor y así sucesivamente.
De igual forma, el legislador se pronunció porque los alcaldes sean responsable solidarios de los actos y omisiones de sus policíasmunicipales, pero que sean los cabildos de los ayuntamientos los que reglamenten el sistema y procedimientos para la selección, ingreso, formación, regulación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de los elementos policiacos.
No sólo eso, de acuerdo con la propuesta, los ayuntamientos analizarían que los policías municipales no estén registrados en ninguna base de datos criminalísticos y que estén debidamente certificados y registrados en el sistema estatal de seguridad pública.
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