HISTORIAL

03 octubre, 2012

Escribe EDGAR R. CONDE CARMONA

(edgarconde@indicemedia.com.mx / www.twitter.com/su_excelencia)

La mitad de los integrantes de la LX Legislatura de Tlaxcala, buscarán nuevos cargos de elección popular. Esas son aspiraciones legales, legítimas.

Pese a ello, también son candidaturas cuestionadas, débiles, en la mayoría de los casos, debido al pobre rendimiento mostrado por los integrantes del Poder Legislativo de la entidad.

Las pruebas ahí están, y son muchas.

Recordemos, por ejemplo el caso de las auditorías que a comienzos del presente año aplicó la Secretaría de la Función Pública de los edificios de la SEP–USET y de la Plaza Bicentenario, en donde se revelaron diversas irregularidades.

Pese a las pruebas, los señores Diputados, cuya función consiste en auditar el manejo de los recursos públicos, no dijeron “ni pío”. Y el caso únicamente quedó en escándalo mediático.

Acaso recuerde el lector que en el mes de marzo, ese cuerpo colegiado tuvo un resbalón monumental, al deslindarse de sus responsabilidades a propósito de diversos problemas políticos en diferentes municipios de la entidad.

Peor resulta aquel episodio que se dio cuando el Órgano de Fiscalización Superior dejó de aplicar multas, a municipios  que se atrasaron, el año pasado, en entregar sus respectivas cuentas públicas, por el orden de un millón de pesos,.

En esa ocasión, cuando sólo se captaron 300 mil pesos y sin saber qué municipios cumplieron con dichos pagos, se reconoció que “no existe control en el manejo de la cuenta bancaria que existe exprofeso para el pago de multas”. Y no obstante, ningún legislador actuó en consecuencia.

Y luego, se encuentra el caso de que el Congreso de Tlaxcala aplicaría sanciones a los Ayuntamientos que no habían cumplido con la entrega de sus cuentas públicas, a mediados del presente año. En agosto de este año, en este espacio, se mencionó que el 66.6% de los municipios de Tlaxcala había violado al Ley.

Pero, sorpresivamente, el anuncio no se ajustó a la realidad. Pues, a pesar de que la Ley es clara al respecto, nunca hubo las “sanciones ejemplares” que habían ofrecido los legisladores. Por el contrario, los congresistas se pronunciaron porque dichas sanciones se consensuaran entre los coordinadores de las diferentes bancadas que integran a ese cuerpo colegiado.

Recordemos, por otro lado, el penoso asunto en el que los propios Diputados se pronunciaron por la práctica autoritaria e intolerante, al respaldar la propuesta del auditor del OFS, Crispín Corona Gutiérrez, de evitar el acceso a los medios de comunicación a las sesiones de la Comisión de Finanzas.

Por si fuera poco, también sobresale aquel bochornoso escándalo en que el Diputado Gregorio Cervantes Díaz evidenció pruebas con las que demostró probables actos de corrupción por parte del OFS que incluyó el desvío de más de seis millones de pesos desde ese organismo.

Y sin embargo, los legisladores se hicieron de la vista gorda y permanecieron en el limbo porque no actuaron en consecuencia.

A pesar de ese historial hay quienes buscarán un cargo de elección popular

Pero… ¿Qué ofrecerán para ganarse las simpatías ciudadanas?