02 octubre, 2012
MSN POLÍTICO
El Congreso del estado aprobó por unanimidad, las reformas al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de Tlaxcala (Cipet), en donde se establecen nuevos requisitos para constituir partidos políticos con registro estatal; se separan logotipos de los partidos cuando formen coaliciones; se transparenta información relativa a los partidos y se precisan procedimientos en la selección de consejeros electorales.
De igual forma, los diputados aprobaron que dentro del rubro de la fiscalización, los partidos entreguen informes bimestrales, pero precisaron que ésta entrará en vigor en el año 2014 y no en los comicios del próximo año.
En lo que se requiere a la forma de integración del Instituto Electoral de Tlaxcala (IET), los aspirantes a consejeros presentarán tres evaluaciones, consistentes en un examen escrito, una evaluación oral realizada por un jurado externo y una entrevista con los diputados integrantes de la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso del estado.
En lo que se refiere a los requisitos para conformar un partido político estatal, la reforma cambió el requisito numérico de 200 afiliados por municipio, por un número de afiliados equivalente al 0.5 por ciento de ciudadanos inscritos en el padrón electoral en cada uno de al menos 40 municipios.
Con ello, el número no debe ser menor a 200 ciudadanos afiliados, con un total estatal de al menos una cantidad de afiliados equivalente al 1.5 por ciento de ciudadanos empadronados en todo el estado.
El cambio implica que el número de afiliados que requiere una agrupación que busca constituirse en partido, sólo esté sujeto a las altas o bajas del padrón electoral y no a cantidades fijas de ciudadanos.
Con relación al tema de transparencia, los partidos políticos están obligados a informar de manera pública sus procesos de fiscalización, el tabulador de remuneraciones de sus dirigentes estatales y municipales, los montos de financiamiento público de cualquier modalidad, los informes de ingresos y gastos, el estado de su situación patrimonial, la relación de donantes y los montos aportados por cada uno.
En materia de fiscalización, los partidos presentarán informes bimestrales.
El objetivo es llevar un mejor registro de los ingresos y egresos para que el órgano fiscalizador del IET tenga un mejor control en las revisiones; y para que los partidos políticos asuman una mejor planeación de sus gastos.
En caso de incumplimiento en la presentación de sus informes bimestrales, los partidos serán acreedores a diversas sanciones, que van desde la retención de cien días de salario mínimo o hasta el doble en caso de reincidencia en un año fiscal. La sanción puede llegar a la suspensión de sus ministraciones de financiamiento público ordinario si no informan en el subsecuente tercer bimestre.
Con relación a las coaliciones, los legisladores aprobaron el establecimiento de coaliciones para las elecciones de gobernador, diputados de mayoría relativa y ayuntamientos, pero las prohibieron para la elección de diputados plurinominales.
En el diseño e impresión de las boletas electorales aparecerán los recuadros con los emblemas de los partidos políticos por separado, prohibiendo emblemas propios de una coalición o la aparición conjunta de los logotipos de los partidos que participen en una coalición.
De igual forma, se abrió la posibilidad del recuento de votos cuando existan alteraciones en los paquetes y documentación electoral, cuando la cantidad de votos nulos sea mayor a la diferencia entre el primero y el segundo lugar, cuando la diferencia entre éstos sea hasta de un punto porcentual o cuando un solo candidato obtenga la totalidad de los votos.
Por último, los diputados aprobaron un catálogo de sanciones más estricto para partidos políticos, candidatos, dirigentes, afiliados, ciudadanos, concesionarios y permisionarios de radio y televisión.
El objetivo de esta reforma es castigar actos anticipados de precampaña o campaña; violaciones a las normas sobre propaganda político-electoral, y la difusión personalizada por parte de entes o servidores públicos durante los procesos electorales.
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