04 septiembre, 2012
Escribe EDGAR R. CONDE CARMONA
(edgarconde@indicemedia.com.mx / www.twitter.com/su_excelencia)
Únicamente en Tlaxcala podemos ver escenas delirantes y grotescas. Tal es el caso del “linchamiento político” que iniciaron integrantes de la LX Legislatura Local, contra uno de sus pares, por haber denunciado un presunto desvío de recursos al interior del Órgano de Fiscalización Superior (OFS).
Apenas ayer, en la sesión del Congreso de Tlaxcala, el diputado panista Justo Lozano Tovar arremetió contra su homólogo pevemista Gregorio Cervantes Díaz a quien descalificó, “por falta de veracidad”, las pruebas aportadas sobre el escandaloso desvío de recursos por más de seis millones de pesos.
La postura de diputados locales afines al régimen panista–orticista desvela que la tesis de Edgardo Cabrera, en su columna “El Circo”, de que en este embrollo está inmiscuida la Administración de Héctor Ortiz Ortiz, es cierta [1].
En su columna, Edgardo Cabrera señala: “de manera urgente y sin justificación alguna el gobierno pasado transfirió durante los primeros 15 días de enero 2011 la cantidad de 6 millones 491 mil 758 pesos por concepto de ‘ampliación presupuestal’ según se encuentra plasmado en el oficio OFS/003/11, al que tuvo acceso este reportero”.
Según los datos destacados por el columnista, esos recursos “fueron depositados a la cuenta 0179783873 del banco BBVA Bancomer a nombre del Órgano de Fiscalización Superior”.
De igual manera, abunda Edgardo Cabrera, “la ampliación presupuestal que obtuvo el organismo en los primeros días de 2011 y a escasas horas de terminar la gestión del gobierno de Héctor Ortiz y de la LIX Legislatura no se encuentra reflejada en el portal de transparencia del OFS, no aparece ninguna información de los estados financieros de ese año y sólo es presentado el balance general al 30 de junio”.
No es gratuita, entonces, la postura presentada por la diputada por el Partido Movimiento Ciudadano, Eladia Torres Muñoz, quien solicitó a la Comisión Instructora “inicie juicio político contra el Diputado Verde Ecologista”. [2]
Recordemos que Eladia Torres fue Directora General del Colegio de Bachilleres de Tlaxcala en la administración de Héctor Ortiz Ortiz. No es difícil pensar que dicha legisladora también le haría el “trabajo sucio” al ex gobernador, quien la impulsó desde el partido que el mismo Ortiz Ortiz creó.
Lo que preocupa de este alucinante caso es que un diputado que solicitó la gracia del anonimato a Javier Conde, de www.indicemedia.com.mx, señaló que la exigencia de Gregorio Cervantes de agilizar la denuncia contra los responsables del presunto delito “no prosperará” y auguró “que la Junta de Coordinación y Concertación Política le dará carpetazo”. [3]
Tan preocupante es este hecho, que según las declaraciones del Diputado anónimo, “el revanchismo personal” entre Crispín Corona Gutiérrez (auditor del Órgano de Fiscalización Superior) y Gregorio Cervantes Díaz (Diputado local por el PVEM), “ha empañado la imagen del Congreso”.
Por lo pronto, sólo las voces de José Alejandro Aguilar López (presidente de la Comisión de Fiscalización y Finanzas del Congreso Local) y Javier Potrero Tizamitl (Diputado perredista), se han pronunciado a favor de una fiscalización al OFS, a efecto de ofrecer certeza a la ciudadanía.
Y, en vía de mientras, el Poder Legislativo nuevamente pierde credibilidad y se hunde en la vorágine del escándalo.ººº
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Conde Javier. “¿Caso juzgado?”, publicada en www.indicemedia.com.mx. Última consulta el 04 de septiembre de 2012. http://www.indicemedia.com.mx/2012/09/impunidad-2/
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