¿ESTADO DE ASALTO?

21 septiembre, 2012

Escribe JAVIER CONDE GUTIÉRREZ

Es critica la situación que prevalece dentro de algunas instituciones en Tlaxcala, en las cuales les manejo de los recursos oficiales ha sido poco claro por parte de sus titulares y otros mandos, lo que indica que estamos en un estado de asalto y sobre todo carente de credibilidad.

Y es que es poco alentador observar que el auditor superior, Crispín Corona Gutiérrez sea uno de los principales funcionarios que están en la mira derivado de los cuestionamientos hechos por el diputado Gregorio Cervantes Díaz.; las pruebas las evidenció y no se hizo nada.

Esto demuestra que Crispín queda impune al igual que otros exdiputados y exfuncionarios de este poder que recibieron un bono en forma ilegal y más aún que genera suspicacias sobre la aprobación de la última cuenta pública del exgobernador Héctor Ortiz Ortiz.

Por otra lado, la polémica que se ha desatado en las direcciones generales del COBAT y del Cecyte, con respecto al presunto manejo irregular de recursos, abona al deterioro de las instituciones.

Lo anterior ha motivado a los diputados del PAN y de Movimiento Ciudadano, Justo Lozano y Eladia Torres Muñoz, respectivamente, a presionar para que sean reprobadas dichas cuentas y pregonar públicamente que también hay corrupción en la actual administración.

En el caso específico del Instituto Electoral de Tlaxcala (IET) y de la Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales para el Estado de Tlaxcala (Caiptlax), queda entre los abusos cometidos

En el primer caso, ningún dirigente partidista se ha pronunciado por que haya una limpia total en el IET, toda vez que los actuales consejeros actuaron cínicamente al otorgarse compensaciones que no están previstas en la ley, lo que generó un daño patrimonial.

Y qué decir de la Caiptlax, aquella instancia encargada de promover la “transparencia”, simplemente demuestra la incapacidad de los tres comisionados para estar al frente de dicha institución que tiene como tarea el velar, entre otras cosas, por el acceso a la información pública.

Otro caso, se cuantifica un posible daño patrimonial en el Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Educativa (Itife), por 361 millones de pesos, y otro por 2.5 millones en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), correspondiente al ejercicio fiscal del año 2011.

En términos generales, los excesos demuestran la descomposición que hay dentro de algunas instituciones y sería importante que se actuara conforme a derecho, porque hasta ahora ningún político purga una sentencia por los excesos cometidos en el desempeño de sus funciones.

Sin embargo, queda en tela de juicio la actuación de los algunos diputados locales y del OFS, ya que sus intereses pueden más que cumplir con los que la ley los obliga: legislar, gestionar y fiscalizar.