24 septiembre, 2012
MSN POLÍTICO
El presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Justino Hernández Hernández, presentó nuevamente al Congreso local la iniciativa para reformar la Constitución Política local, y con ello dotar de autonomía presupuestaria al poder Judicial asignándole el tres por ciento del total del presupuesto general de egresos del estado.
La iniciativa indica que “la administración de justicia sólo puede legitimarse dotando al poder Judicial de los elementos financieros y presupuestales que requiera para el cumplimiento de su función jurisdiccional, sin que éstos elementos puedan ser objeto de acuerdos o consensos políticos, consolidando así la autonomía presupuestal del poder Judicial que permita a magistrados y jueces garantizar el mandato constitucional de impartir justicia de manera pronta, gratuita, completa e imparcial”.
Por ello propone reformar la fracción XII del artículo 54 y el artículo 79 de la Constitución Política local, con el objetivo de que el porcentaje del presupuesto al poder Judicial no sea inferior al 3 por ciento del total del presupuesto general de egresos del estado, previsto para el año fiscal a ejercer, “después de descontar el pago presupuestado de la deuda pública, si lo hubiere, y las participaciones en los ingresos federales que correspondan a los municipios”,
La propuesta de reforma señala que en caso de que al término del ejercicio existan sumas no erogadas, éstas se enterarán a la hacienda del estado.
En su justificación, Justino Hernández sostiene que bajo diversos criterios del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se deduce que los principios de división de poderes, con especial referencia a la autonomía e independencia de los poderes judiciales de las entidades federativas, deben tener sustento, entre otras condiciones, en la autonomía de gestión presupuestal.
Cabe destacar que la iniciativa fue enviada nuevamente este año a la Cámara de Diputados, utilizando el acta de una sesión extraordinaria celebrada por el TSJE el 9 de agosto de 2010, y que firman los diversos magistrados. Entre esos magistrados se encuentran Mariano Reyes Landa y Juanita Munguía Herrera, quienes ya no fungen en ese cargo, pues son jueces de primera instancia.
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