12 agosto, 2012
Escribe EDGAR R. CONDE CARMONA
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Algo grave ocurre en Tlaxcala cuando desde el propio Congreso del Estado se busca coartar la libertad de expresión a uno de los integrantes del Poder Legislativo.
“Hay en la junta [de Coordinación y Concertación Política] la solicitud de un exhorto al diputado Gregorio sobre su decir y su hacer, porque por un lado mete oficios donde pide sancionar y por otro lado no aparece y aparece en otros lados para defender lo que no puede como diputado”.
Es el dicho del diputado panista Justo Lozano Tovar, que lo corona con una frase inolvidable: “el exhorto será para que no hable de más”.
Así, estamos frente a un proceso en el que, desde el Poder Legislativo se vislumbran indicios de autoritarismo, intolerancia y falta de pluralidad.
Puede ser cierto que el diputado Gregorio Cervantes Díaz presente diferencias entre su decir y su actuar, como asegura Justo Lozano Tovar.
Pero es innegable que, como integrante del Poder Legislativo, todos los diputados cuentan con fuero, que es la facultad que tienen para que ninguna autoridad pueda sancionarlos por sus declaraciones.
Esos visos de autoritarismo e intolerancia se refuerzan con la petición del auditor del Órgano de Fiscalización Superior (OFS), Crispín Corona Sánchez al solicitar a la Junta de Concertación Política evitar el acceso a los medios de comunicación a las sesiones de la Comisión de Finanzas.
En otras palabras, al probar esta petición del cuñado del ex gobernador Héctor Ortiz Ortiz, se estará abriendo la puerta para que el OFS tenga carta blanca a efecto de sancionar a los municipios que convengan o no al propio organismo.
Y peor aún, se estarían sentando las bases para que la Ley se aplique de manera discrecional.
De esa perspectiva, los Legisladores tendrán que asumir los costos políticos que conllevaría aprobar una solicitud tan disparatada como intransigente. Especialmente porque al aprobar dicho acuerdo estarían abriendo la puerta para promover la opacidad y la no rendición de cuentas.
Sobre todo porque en su calidad de representantes populares, la restricción de cualquier libertad fundamental los colocaría irremediablemente en el basurero de la historia.