23 julio, 2012
* Es importante el deber ciudadano.
Sin duda hasta ahora, en Tlaxcala, no se encuentran antecedentes que refieran una solicitud de juicio político en contra de un servidor público en funciones. Por eso debe seguirse, puntualmente, el recurso presentado por un particular ante el Congreso del Estado.
El asunto, que involucra al titular del Órgano de Fiscalización Superior, Crispín Corona Gutiérrez, no puede ser pasado por agua porque, particularmente, se trata de un asunto en el que se pone a prueba la legalidad de las instituciones de Tlaxcala.
Si, como refiere el denunciante, el Órgano de Fiscalización Superior provocó un retardo y una omisión de acceso a la información pública, el asunto no puede, no debe ser archivado; y requiere una resolución pública, que nos genere a los tlaxcaltecas la certeza de transitar por una democracia basada en el respeto a la Ley.
Que quede claro que un juicio político no es, en automático una sentencia contra una persona; se trata de un recurso por medio del cual la persona acusada pierde el fuero constitucional para enfrentar un proceso (administrativo o legal) a efecto de demostrar su inocencia o su culpabilidad.
Y en este sentido, Crispín Corona Gutiérrez tiene la oportunidad de aclarar los motivos por los cuales no atendió la solicitud de información de los resultados de una auditoría practicada a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Tlaxcala.
Sobre este particular, el Congreso de Tlaxcala tiene la grave responsabilidad histórica de definir con claridad la respuesta a la petición de juicio político, particularmente porque no es la primera ocasión en la que ha sido cuestionado el desempeño de Crispín Corona Gutiérrez al frente del OFS.
De esta manera, es indispensable que se disuelva la posibilidad de un “carpetazo” al asunto, pues como lo ha demostrado el movimiento #YoSoy132, la sociedad reclama, exige, un actuar transparente y responsable de quienes tienen en su manos una función pública.
El desenlace de este asunto deberá responder a los nuevos vientos de democracia que circulan por todo el país; por ello, el proceso que derive o no en el Juicio Político, deberá ser explicado con toda claridad a la sociedad, so pena de que los actores que intervengan carguen con la responsabilidad de sus actos.
Hoy más que nunca, la sociedad tlaxcalteca demanda un actuar serio y transparente de todas las personas que representan a las instituciones democráticas y minimizar la solicitud de Juicio Político será una irresponsabilidad que los Diputados locales deberán asumir completamente.
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