11 junio, 2012
* Sigue la mata dando.
¿De qué tamaño es la ingobernabilidad en Papalotla que un diario local cabecea su nota con un: “Estalla violencia una vez más en Papalotla”?
En efecto, ese titular refleja no sólo un conflicto social que trasciende las fronteras de una jurisdicción municipal, sino la percepción que tiene la ciudadana sobre una volátil y frágil gobernabilidad que existe en la entidad.
De qué manera, si no es así, se puede entender que jóvenes, con 25 años de edad en promedio, hayan cerrado la carretera Puebla–Chiautempan y obligado a que, frente a la inutilidad del diálogo y la concertación, se haya resuelto este conflicto mediante la intervención de los granaderos.
Es muy cierto que cuando se violentan las normas, lo que es imperativo es generar las condiciones necesarias para que impere la ley, por sobre cualquier otro aspecto. Pero el uso de la fuerza pública tendría que ser el último recurso para la solución de conflictos.
No obstante, el uso de la fuerza pública, lamentablemente, se ha convertido en la constante para terminar con inconformidades ciudadanas generadas por la falta de atención de diferentes instancias; como es el caso de los denominados “mototaxistas” que buscan una actividad legal para tener un modo de vida digno y legal.
Y es que, como se ha evidenciado, en ese municipio se tolera la operación de los llamados “taxis piratas”, particularmente en la noche; hecho que motiva a los “motaxistas” a tratar de ganar un espacio.
Lo peor de todo para el gobierno estatal es que, en el caso Papalotla, haya surgido un señalamiento que pone en tela de juicio el actuar de instancias como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado (Secte): el alcalde de Papalotla, Ángel Corona Lara “se siente el jefe de Papalotla, que mueve todo el transporte público”.
Y es que al alcalde lo ligan con el líder de los transportistas en esa zona.
Urge que el gobierno de Tlaxcala, y los gobiernos municipales, se desmarquen con hechos evidentes de señalamientos donde se les vincula con fuertes intereses generados con ciertos sectores económicos, políticos y sociales poderosos.
Por ejemplo, en Huamantla, se han generado innumerables inconformidades ciudadanas porque en el funcionamiento de los parquímetros, no se han tocado los intereses de los transportistas locales. Y es que, curiosamente, el secretario de la Comuna, Bernardo López Nieto es, a la vez, el dirigente del gremio transportista.
Hace falta al interior del gobierno de Tlaxcala –porque hasta ahora no se ha visto–, una instancia que en estos casos analice las causas que generan cualquier inconformidad ciudadana, para que a partir de ello se tomen las medidas necesarias que acaben con esta percepción de una entidad ingobernable.
Hace falta, en pocas palabras, que quienes tienen la responsabilidad de salvaguardar la paz social de la entidad hagan su trabajo y dejen de simular un encargo que no refleja ningún esfuerzo.
O, en otro escenario, urge que el gobernador Mariano González Zarur, analice seriamente un reacomodo en la Secretaría de Gobierno que le garantice transitar hacia el segundo tercio de su administración con las condiciones adecuadas para aterrizar eficazmente los logros que se planteó desde el inicio de su gestión.
De otra manera, el propio gobernador, estará dando señales de lo poco que le importa un gobierno democrático e incluyente.