26 junio, 2012
Escribe EDGAR R.CONDE CARMONA
edgarconde@indicemedia.com.mx / www.twitter.com/su_excelencia
Los acontecimientos suscitados apenas el pasado lunes, por el desbordamiento del río Zahuapán–Atoyac, es un llamado urgente para las instancias de protección civil, en todos los ámbitos de gobierno.
Primero porque el fenómeno meteorológico que derivó en pérdidas en el patrimonio de vecinos de Texmelucan, Atotonilco, Tepetitla, Natívitas e Ixtacuixtla, no fue monitoreado de manera eficaz y oportuna, a pesar de que ya estamos en periodo de huracanes, de tal manera que no se tomaron las medidas preventivas en este tipo de situaciones.
Pero no sólo eso. Poco pudo hacerse desde el momento en que autoridades municipales han permitido, con la complacencia o no de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el asentamiento de construcciones en las inmediaciones de barrancas y ríos que atraviesan la entidad.
Sumémosle que por lo menos en zonas de alto riesgo, no existe un atlas de riesgos que identifique los puntos de mayor peligro para las personas y sus propiedades.
Y si bien es cierto que los gobiernos federal y estatal de inmediato reaccionaron frente a la catástrofe, también es cierto que la ayuda poco resuelve el problema de fondo; pues no existe una coordinación entre las tres instancias de gobierno para vigilar una adecuada aplicación de la ley vigente para evitar los asentamientos en zonas federales.
No habrá inversión, por millonaria que ésta sea, para resolver el punto central: necesitamos reforzar los mecanismos y las acciones en materia de protección civil.
En cambio seguirá siendo muy caro el precio que habrá que pagar cada vez que un nuevo fenómeno climatológico impacte directamente sobre territorio tlaxcalteca.
La cuestión es: ¿cuánto tiempo más tendremos que esperar?…