PRUEBAS

06 junio, 2012

Escribe EDGAR R. CONDE CARMONA

edgarconde@indicemedia.com.mx / www.twitter.com/su_excelencia

Que las instancias de gobierno ofrezcan confianza a la ciudadanía de que no habrá uso electoral o político de los programas de asistencia social, es una obligación ineludible.

Y en el caso de Tlaxcala, la coordinación estatal del programa “Oportunidades” parece sumirse en una vorágine que puede reportar resultados negativos, particularmente para el Partido Acción Nacional.

A la denuncia de siete mujeres del municipio de Españita en contra de Martín Luna, por un supuesto condicionamiento de dicho programa, se suma ahora el anuncio de la dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional en Tlaxcala.

Dicho instituto político asegura “tener pruebas” de que otros cinco empleados del programa federal habrían condicionado el voto a cambio de este beneficio, pero no había ofrecido pruebas.

De última hora, se dio a conocer que la dirigencia del PRI pidió públicamente a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) investigar y, en su caso, destituir a por lo menos seis funcionarios federales que operan el programa Oportunidades en Tlaxcala, entre ellos el esposo de la candidata por el PAN al Senado, Adriana Dávila Fernández.

Y en un asunto delicado, del que depende en buena medida la paz social de la entidad durante el proceso electoral, este tipo de acusaciones se antojan temerarias e inútiles.

Si esas pruebas que aseguró tener Arnulfo Arévalo Lara, presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, existen, no sólo los partidos, sino particularmente los ciudadanos exigimos una denuncia ante las instancias competentes.

Es cierto que las declaraciones del dirigente partidista aportarían oxígeno puro a los candidatos del Revolucionario Institucional –tanto para el Senado como para a Cámara Baja–. Pero más importante es el hecho de que generaría certidumbre del proceso electoral.

También es cierto que son reprobables los actos que lucren con la necesidad de las personas, especialmente cuando pertenecen a las clases más desprotegidas. Y de ser verdad, quienes incurran en este tipo de delitos electorales tendrán que responder ante la autoridad respectiva.

Los procesos electorales no se ganan en los medios. Mucho menos con declaraciones que no aportan evidencias concretas.

Si existen esas pruebas, que se presenten sin dilación ante las instancias competentes y que se actúe conforme a derecho.