¿OPORTUNIDADES?

01 junio, 2012

Escribe EDGAR R. CONDE CARMONA

edgarconde@indicemedia.com.mx / www.twitter.com/su_excelencia

La declaración es lapidaria: “ahora por no contribuir con los candidatos del PAN nos retiraron los beneficios”.

Es la denuncia, pública y ante las instancias correspondientes (PGR y Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales –FEPADE–), de siete mujeres pertenecientes al municipio de Españita, Tlaxcala, las que corroboran que la estructura de la delegación estatal de la SEDESO requiere con urgencia una reestructuración.

La querella, formal, es un portazo en pleno rostro, a las declaraciones de Vicente Hernández Roldán, coordinador de delegaciones federales del gobierno federal en Tlaxcala, quien había calificado de mediáticos diversos señalamientos sobre supuestos condicionamientos de programas federales con fines partidistas.

Y es más duro el golpe, cuando las demandantes, que aseguran que han estado cumpliendo “con  nuestras responsabilidades, con nuestras consultas, con nuestros talleres, hemos cumplido con todo, hemos estado al pie de la letra y no se me hace justo que lo cancelen por los tiempos políticos”.

Particularmente porque “nos hicieron una encuesta, una rectificación y el mismo sistema arrojó que todavía teníamos derecho al programa Oportunidades hasta el año 2016, pero el promotor (Martín Luna) nos dijo que ya estamos dadas de baja”

Los hechos, asentados en el acta BR/TLAX-11/319/2012 ante la Procuraduría General de la República fortalecen que es indispensable, además de cancelar los programas sociales, reestructurar la delegación estatal de Sedeso, particularmente por lo dicho por esta columna apenas la semana pasada: “la presencia de Ricardo Sánchez Cervantes, quien maneja el Programa de Desarrollo Humano “Oportunidades”, es nada menos que el esposo de la candidata del PAN al Senado de la República, Adriana Dávila Fernández”.

Tal y como se mencionó en este mismo espacio, “la sola presencia de Ricardo Sánchez Cervantes en esa instancia despierta sospechas que, fundadas o no, cuestionan la legitimidad” de las declaraciones de cualquier funcionario que salga a defender la imparcialidad de esa instancia.

No hay duda que con esta acción, queda en entredicho la operación de la Sedeso. Y para desgracia, no de los partidos políticos, sino de los ciudadanos, no se han observado ni acciones ni intenciones por corregir este escándalo.