08 junio, 2012
Por la REDACCIÓN
La titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (Secte), Gisela Santacruz Santacruz, aseveró que los operativos para el retiro de moto taxis son legales y responden a la obligación de la autoridad de garantizar la seguridad de los ciudadanos, por lo que exhortó a quienes prestan este servicio a ceñirse a la norma vigente en el ámbito y a no propiciar la violencia como sucedió este jueves en Papalotla.
Asimismo, llamó a quienes se enfrentaron con policías y cerraron vialidades en esa población a privilegiar el diálogo como única vía para dirimir las diferencias y resolver los conflictos, en vez de recurrir a la violencia.
Santacruz Santacruz precisó que los moto taxistas no poseen concesión ni permiso alguno para transportar a personas, por lo que se trata de una práctica ilegal, cuya sanción estipula el Código Penal del Estado. Asimismo, puntualizó que representan un peligro latente para la ciudadanía, puesto que no brindan seguridad mínima para los usuarios.
Este tipo de traslados, abundó, es susceptible de accidentes, como ha sucedido ya antes, justamente en la zona de Papalotla.
Por ello, la titular de Secte señaló que estas acciones continuarán como parte de la supervisión de campo que se les ha encomendado a diario a los inspectores de la dependencia.
Sin embargo, precisó que si en estos procedimientos de rutina se detecta resistencia de parte de los operadores de las unidades, la Secte pedirá el apoyo de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), con el propósito de salvaguardar la integridad física de los trabajadores de la dependencia, quienes en repetidas ocasiones han sido agredidos por los moto taxistas.
En este contexto, la secretaria de comunicaciones y transportes hizo un llamado a la ciudadanía para no utilizar este medio de transporte pues además del peligro que representa, legalmente los dueños no serán responsables de las víctimas, en caso de que ocurriera un accidente.
En tanto, la Procuraduría General de Justicia del Estado y la SSPE aseguraron las unidades, operadores y a quienes pusieron resistencia al momento de su detención, por tratarse de un delito en flagrancia, como es el servicio de transporte público sin concesión, autorización o permiso correspondiente, de acuerdo con lo que establece el artículo 132-Bis del Código Penal del Estado de Tlaxcala.
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