CONFLICTOS

03 junio, 2012

Escribe EDGAR R. CONDE CARMONA

edgarconde@indicemedia.com.mx / www.twitter.com/su_excelencia

Las manifestaciones ciudadanas en las que se recurren a la toma de instalaciones, cierre de carreteras y otras acciones que rayan en la violencia, no tienen otra explicación más que la sordera de las autoridades para escuchar sus reclamos.

En Huamantla, por ejemplo, hace unas semanas y tras la reubicación del tianguis de los miércoles, la cerrazón al diálogo y la falta de mecanismos para el consenso, provocaron el cierre de la carretera federal México Veracruz por varias horas.

Hace unos días, vecinos de san Miguel del Milagro se volcaron iracundos contra las autoridades eclesiásticas y civiles frente a lo que consideraron una “malversación de limosnas” de uno de los centro de peregrinación más importantes de la entidad, a pesar de ser facultad de la Diócesis de Tlaxcala.

Apenas el jueves pasado, habitantes de San Bartolo, perteneciente al municipio de San Pablo del Monte, cerraron por espacio de cuatro horas la carretera Puebla–Chiautempan como una manera de exigir la destitución del presidente de comunidad de san Bartolo.

Los hechos, desgraciadamente, revelan que el origen de esta manifestación está en la falta de atención y de negociaciones políticas. El miércoles previo esos mismos habitantes se habían manifestado en el Congreso local desde donde avisaron que radicalizarían sus demandas en caso de que no se les atendiera en sus reclamos.

Y lo mismo sucedió con los conflictos registrados en Tlaxco, Amaxac de Guerrero, Xicothzinco, Huactzinco, Contla, Chiautempan, Zacatelco, Tlaxcala, San Pablo del Monte, Apetatitlán, Zitlaltepec, Tzompatepec y Xaloztoc.

En todos los casos, lo que ha generado este tipo de manifestaciones es la falta de acuerdos entre quejosos y autoridades.

En todos los casos, se tuvo conocimiento previo del crecimiento de inconformidades ciudadanas que derivarían en otro tipo de manifestaciones.

En todos los casos se registraron expresiones que fueron subiendo de tono hasta alcanzar niveles incontrolables. Y que conste que en todos los casos, lo primero que hicieron los inconformes fue seguir las instancias legales.

En todos los casos, los responsables de las diferentes instancias de gobierno, dejaron que todos los conflictos crecieran más de lo debido.

Y en todos los casos, a ojos de la opinión pública quienes tuvieron la razón fueron los quejosos, no las autoridades, aún a pesar de que los inconformes violentaron el estado de derecho, por el simple hecho de que no fueron atendidos oportunamente e incluso hasta fueron reprimidos mediante la fuerza pública.

Y es que, en todos los casos, existieron las condiciones para sofocar cualquier inconformidad antes de que esos movimientos explotaran en manifestaciones violentas.

Lo peor de todo es que en todos los casos, la Secretaría de Gobierno ha sido rebasada, y a pesar de ello en Tlaxcala no pasa nada.

En resumidas cuentas, en todos los casos se tomaron medidas correctivas, no preventivas y las consecuencias brotaron en conflictos más grandes, más violentos, más dañinos.

Ojalá y las autoridades estatales y municipales entiendan que la política de los oídos sordos no es, en estos momentos, la más adecuada y mucho menos la más eficiente.