27 junio, 2012
Por la REDACCIÓN
La Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso Local escuchó a la ex tesorera del municipio de Chiautempan y a la ex titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Jacqueline Pérez Ramos y Luz María Vázquez Ávila, respectivamente, con base a su derecho de audiencia, para exponer sus motivos para solventar diversas observaciones a su cuenta pública de los ejercicios correspondientes al 15 de enero de 2008 al 14 de enero de 2011; y la relativa al uno de enero al tres de agosto de 2011.
Así también, los legisladores José Alejandro Aguilar López, Efrén López Hernández, Jorge García Luna, Teodardo Muñoz Torres, Carlos Augusto Pérez Hernández y Joaquín Pluma Morales, escucharon al edil del municipio de Nanacamilpa, Alfonso Olvera Ramírez, sobre su planteamiento para solventar las observaciones a su cuenta pública del ejercicio fiscal 2011.
Además, por unanimidad de votos, los integrantes de la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la LX Legislatura avalaron la propuesta para que a los municipios que hayan incumplido con la entrega de su cuenta pública de los primeros meses de 2012 se les finquen las responsabilidades e impongan multas, esto de conformidad con lo establecido en la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios.
Asimismo, se avaló remitir a la Junta de Coordinación y Concertación Política, el informe presentado por el Órgano de Fiscalización Superior (OFS), en el que se da cuenta de los municipios que no han cumplido con la aprobación y entrega de su presupuesto basado en resultados para el ejercicio 2012, para que sea esta la que determine el procedimiento a seguir.
En este sentido, el auditor del OFS, Luciano Crispín Corona Gutiérrez, destacó que el retraso en la entrega de la cuenta pública de los primeros meses de 2012, se debe a que estos no han aprobado su presupuesto basado en resultados y que de acuerdo a la normatividad vigente ya debió de ser aprobado, además de que algunos han solicitado prorrogas de entre 5, 10 y hasta 20 días naturales, lo que representa que los municipios tengan que trabajar a marchas forzadas para entregarlo y priorizar su obra pública para este ejercicio fiscal.
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