22 junio, 2012
Escribe EDGAR R. CONDE CARMONA
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Luego de una campaña en la que Lorena Cuéllar Cisneros se había mantenido con un espíritu “amoroso”, rompe lanzas y acusa, prácticamente al cierre de proceso electoral que Mariano González Aguirre presuntamente está ofreciendo dinero a presidentes municipales con la intención de apoyar a los candidatos del PRI en la próxima elección.
¿Presuntamente? La palabra deja abierta la posibilidad de que Lorena Cuéllar no tiene pruebas y se aventura a una acusación infundada que le puede revertir. Lanzar una acusación en la que no existen argumentos sólidos podría significarle a la ex priísta un suicidio político.
Y es que durante una rueda de prensa, la hoy aspirante al Senado por las izquierdas, el coordinador de campaña en Tlaxcala de Enrique Peña Nieto, ha ofrecido importantes sumas económicas para que el uno de julio voten por el candidato presidencial y los candidatos a diputados y senadores.
Si el dicho de la ex alcaldesa de Tlaxcala es cierto, que presente pruebas y que denuncie ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE). Porque tendría que aclarar quién es su fuente, qué cantidades de dinero se han ofrecido y a quienes se ha buscado cooptar para que se favorezca a un partido en particular durante la jornada electoral del 1 de julio.
Después de todo, los partidos políticos nos han enseñado que, por desgracia, el voto se compra. Con una despensa, o con paquetes de vivienda, o con cualquier otro apoyo material o económico. Es una práctica que todos los partidos realizan, incluso el que abandera la causa de Lorena Cuéllar.
Pero si, como dice la ex diputada local con licencia: hay ediles de todas las filiaciones partidistas han manifestado temor por las represalias que pudiera implementar el Ejecutivo en caso de que no se apoye el proyecto presidencial de Peña Nieto, particularmente en posibles recortes en los recursos municipales, entonces ¿por qué esos alcaldes no se han conducido por los cauces legales?
Si hay algo que debemos aplaudir en nuestro actual sistema político, es que a diferencia del pasado, no existe un poder omnímodo y omnipotente que ordene a los alcaldes, de otros partidos y del suyo mismo, hacia dónde deben dirigir sus esfuerzos.
Resulta muy débil, pues, tomar como argumento “las quejas y denuncias” por parte de personal de la Secretaría de Salud (Sesa) quienes han manifestado que los directores de área los están obligando a firmar contratos por tres meses, a fin de que una vez concluida la elección, puedan incorporarse elementos que hayan apoyado al PRI en las votaciones.