13 mayo, 2012
* Entendieron los diputado que no debe haber un “bozal” para los periodistas
La sociedad de Tlaxcala recibe con beneplácito la aprobación de la Ley de Acceso a la Información Pública, que coloca a la entidad en consonancia con “la tendencia democratizadora” que se registra cotidianamente en el ámbito federal.
Con esta nueva disposición legal, Tlaxcala se ubica como una entidad cuya legislación atiende los reclamos de una sociedad cada vez más activa e involucrada en los asuntos públicos; de esta manera, se garantiza que en Tlaxcala el manejo de la información se realice bajo los principios de “máxima publicidad, inmediatez y gratuidad”.
Conforme lo dado a conocer por el poder Legislativo de la entidad, con dicho ordenamiento, los tlaxcaltecas podremos gozar sin restricciones de información que hasta hace poco se mantenía en carácter reservado y que, bajo ese precepto, impedía que las autoridades rindieran con transparencia y legalidad, informes fidedignos de su desempeño.
Por eso debemos aplaudir que con esta ley se obligue a los servidores públicos a que hagan públicas las facturas o recibos con las cuales los servidores “sustenten el ejercicio del gasto público” en el ámbito de sus funciones.
Más plausible es que, en el caso de que “el peticionario de la información pública no reciba respuesta”, tal y como lo manda dicha ley, “la entidad pública se vea obligada a otorgarla”, previas salvedades.
Quizá esta sea uno de los puntos que más debemos celebrar en aras de la democracia, particularmente, porque en muchas ocasiones los responsables de las entidad públicas apelaban a la “confidencialidad de la información” para evitar una rendición de cuentas transparente y oportuna.
Bajo la misma óptica, dicha ley reconoce “el ejercicio periodístico realizado por los medios de comunicación como un elemento importante en el ejercicio del derecho a la información”.
Este reconocimiento al ejercicio periodístico es fundamental para garantizar a los profesionales de los medios informativos a contar con la necesaria protección jurídica en el ejercicio de su profesión, pues, tal y como lo denunciaron hace unos días integrantes de la Unión de Periodistas del Estado de Tlaxcala (UPET), se han dado casos en los que se pretende, como en los viejos tiempos, intimidar a los periodistas para acallarlos.
Sea bienvenida esta ley que, entre otras cosas, establece sanciones administrativas para aquellos servidores públicos que, en el desempeño de su labor alteren, oculten, destruyan o actúen con dolo en la clasificación o desclasificación de la información que se le solicite.
Demos, pues, la bienvenida a una ley que generará una dinámica de mayor democracia en la entidad y que permitirá mantener a raya a aquellos malos funcionarios que pretenden desvirtuar la realidad para alcanzar sus metas personales.
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