11 mayo, 2012
Escribe EDGAR R. CONDE CARMONA
(edgarconde@indicemedia.com.mx / www.twitter.com/su_excelencia)
Frente a las acusaciones por “actos de corrupción y favoritismo” de las que fue objeto el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Justino Hernández Hernández, vale reconocer la inmediata respuesta que tuvo el magistrado.
Inmediata, pero sobre todo, aclaratoria respuesta.
En la misma semana, abogados afiliados a diferentes organismos colegiados cuestionaron la decisión del magistrado de designar directamente a Juanita Herrera Munguía y Mariano Reyes Landa, como jueces en el Consejo Tutelar para Menores (a la primera), y en el Distrito Judicial de Hidalgo (al segundo).
Esta designación, dijeron los profesionales del derecho, se debía a un supuesto “pago de facturas”, pues desde la óptica de los inconformes, el voto de los jueces designados por Justino Hernández, habría favorecido al actual presidente del TSJE para afianzarse en ese cargo.
Pero lo dicho, apenas ayer por el representante del Poder Judicial de Tlaxcala, corta de tajo un movimiento que cuestionaba a la instancia encargada de la impartición de justicia en la entidad.
De entrada, el aludido Justino Hernández señala dos datos que, de haber permanecido sin respuesta, habrían enturbiado las aguas en ese poder: el nombramiento estuvo a cargo del Consejo de la Judicatura, que es un órgano colegiado –que se hizo a partir de la experiencia en la impartición de justicia de Herrera Munguía y Reyes Landa–; y la convocatoria para la asignación de estos puestos iniciará en el próximo mes de junio.
Las acusaciones lanzadas dejan entrever que existen intereses oscuros por desestabilizar, desde diferentes flancos la frágil estabilidad social que existe en la entidad.
Y en este caso, debe imperar no sólo la mesura, sino particularmente el sentido común. Especialmente frente a escándalos mediáticos que no presentan pruebas o evidencias de las acusaciones lanzadas.
Están próximos los comicios en los que se renovarán los poderes Ejecutivo y Legislativo del país. Y mientras más cerca, habrá más amagos por cuestionar a las instituciones. Es parte de la guerra electoral.
Y en este sentido la alerta es un requisito imprescindible para no caer fácilmente en las provocaciones.