17 mayo, 2012
Escribe JAVIER CONDE GUTIÉRREZ
La reunión que sostuvieron ayer funcionarios del gabinete de Mariano González Zarur, con directivos de diversos medios de comunicación para saber el estado que guardan las pensiones en Tlaxcala fue un buen ejercicio que abona a la transparencia.
Y es que el informe que dio a conocer el secretario de Finanzas, Ricardo García Portilla y que en su momento fue publicado por ÍNDICEMEDIA detalla el estado de las finanzas que atraviesa el sistema de pensiones civiles de Tlaxcala.
Sin duda, la situación es grave y por lo tanto, el gobierno del estado finalmente dejó clara su postura de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), debe entrarle al quite para revivir la plataforma de las pensiones.
También llama la atención lo dicho por el propio director de Pensiones Civiles del Estado, Ernesto Carrera Ordóñez, que evidenció que hay varios exfuncionarios a quienes se les investiga por los excesos cometidos en el pasado.
En dicha reunión me permití preguntar cuál sería el costo político-electoral para el gobierno de Mariano González, a lo que el secretario de Finanzas, Ricardo García precisó “el costo político se soportaría pero el costo económico no”.
Asimismo, el director de pensiones reveló frente a directores de medios, columnistas, reporteros y corresponsales que dentro de esta dependencia se cometieron excesos en el antaño y que contribuyeron al quiebre de este sistema.
Por ejemplo, llama la atención que la mamá de un exfuncionario recibiera ilegalmente una pensión mensual de diez mil pesos.
Cuando se le pidió revelar el nombre de ambas personas respondió que la Ley de Protección de Datos Personales para el Estado de Tlaxcala, se lo prohibía.
No obstante, dicha reunión sirvió para conocer detalladamente a qué nos debemos enfrentar los tlaxcaltecas. Uno de esos riesgos, es que haya un incremento en los impuestos para el año próximo.
Y cuando se sabe que entre las anomalías encontradas están bonos ilegales, entrega de créditos incobrables y jubilaciones con sólo ocho años de servicio, debo concluir que la Dirección de Pensiones Civiles fue un barril sin fondo.
Empero, las preguntas saltan como sapos: ¿Recibirán castigo aquellos que cometieron excesos? ¿Los líderes sindicales por qué se resisten a entablar diálogo? ¿Las fuerzas opositoras en el Congreso Local, permitirán una reforma a fondo?…
Finalmente, sostengo que el discurso que pronunció Mariano González cuando rindió protesta dista mucho de los hechos, pues el jefe del Ejecutivo, prometió que se aplicaría todo el peso de la ley a quienes hayan cometido excesos en el pasado. ¿ Y cuándo comenzará?
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