13 abril, 2012
Escribe EDGAR R. CONDE CARMONA
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Hasta dónde estará la podredumbre en el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso de Tlaxcala, que el mismo presidente de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, acepta que existió falta de control por parte del Comité de Administración, que presidía Eloy Berruecos.
Y de esa falta de control se desprende que hoy, en el Poder Legislativo, se eche de menos alrededor de un millón de pesos provenientes del pago de multas a municipios que no entregaron en tiempo y forma sus reportes de estados financieros, correspondientes al ejercicio fiscal del 2011.
Ya en el editorial de la semana pasada, ÍNDICEMEDIA puntualizó. “Quién sabe cuál es la imagen que pretenden transmitir al electorado tlaxcalteca los legisladores pese a los reclamos sociales de transparencia y rendición de cuentas, si persisten en la idea de mantener a un OFS obsoleto y con una imagen de corrupción y desaseo”.
Y frente a ese reclamo es menester que las instancias correspondientes del Congreso del Estado informen a la brevedad posible qué municipios han pagado sus multas, producto de no haber entregado su cuenta pública en tiempo, así como los que faltan de hacerlo o bien, han recurrido al amparo para evadir esta responsabilidad.
Es urgente que los legisladores aclaren si existen registros de municipios que se ampararon o que no han realizado el pago correspondiente, o, en el peor de los escenarios, saber dónde está el recurso producto de esas multas.
Así estará el desaseo que el propio presidente de la Comisión de Fiscalización y Finanzas del Congreso del Estado, Alejandro Aguilar, tenga únicamente un reporte del pago de multas correspondientes a los meses de febrero, abril y mayo. De ellos se desprendería una recaudación apenas superior a los 300 mil pesos.
Así estará la podredumbre que a la falta de control acusada por Aguilar López, no hay certeza de quiénes hicieron los pagos y quiénes no.
Qué lamentable es que el presidente de la comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso de Tlaxcala reconozca que no existe control en el manejo de la cuenta bancaria que existe ex profeso para el pago de multas.
La duda, no obstante, duele: ¿qué pasó con las multas de junio a diciembre de ese mismo año, que en suma darían más de un millón de pesos?
El problema va más allá de unas multas condonadas o no. Está ligada con el dicho en el editorial de hace una semana: “La laxitud en la aplicación de la ley ha permitido que en muchos municipios de la entidad se haga un manejo discrecional de los recursos públicos”.
Y esa es responsabilidad directa de todos los legisladores que se aferran en mantener un Órgano de Fiscalización Superior obsoleto y con una imagen de corrupción y desaseo.