PENSIONES

24 abril, 2012

Escribe EDGAR R. CONDE CARMONA

edgarconde@indicemedia.com.mx / www.twitter.com/su_excelencia

Resulta significativo el dato: los últimos seis años. Cualquiera podría interpretar que desde la administración de Héctor Israel Ortiz Ortiz, Pensiones Civiles de Tlaxcala ha vivido, en los últimos 72 meses una insuficiencia presupuestal de 31 % al año.

A ese ritmo, desde hace seis años, el organismo tiene un déficit de 186%, hecho que tiene la dependencia al borde de la quiebra.

Tan alarmante resulta el dato, que en los próximos diez años, de no darse una solución inmediata, el déficit representaría dos veces el presupuesto total del estado de Tlaxcala del ejercicio 2012.

Por ejemplo, en 2009, el 40% de los impuestos locales, se destinaron para cubrir el déficit de PCET.

El problema en ciernes, radica en que la solución requiere la corresponsabilidad de los sindicatos afiliados al organismo, de los propios trabajadores jubilados y del gobierno del Estado.

Pero, como siempre, hay un pero: eso no es fácil, pues implica modificar la Ley en la materia, incrementar las aportaciones de los trabajadores, jubilados y el Gobierno del Estado; y capitalizar al organismo, pero sobre todo a ceñir las prestaciones a la norma vigente.

Sólo que los representantes de los sindicatos 7 de Mayo, Mártires de 1910, Sección 55 del SNTE y Justo Sierra, ya han dado muestras de cerrazón… y sinrazón.

La activación de esta bomba de tiempo, tiene un origen: irregularidades (como prestaciones no previstas en la ley, pero avalado por los consejeros de PCT; una cartera vencida de 12 millones de pesos y el pago de pensiones de hasta 40 mil pesos mensuales).

Tan sólo al día de hoy, existen 28 personas que cobran, en algunos casos, hasta 35 mil pesos mensuales, y hay otras 13 que pretenden obtener más de 20 mil y hasta 42 mil pesos, mientras que, por otro lado, hay quienes perciben 600 al mes.

Cabría pensar que en los últimos seis años se despacharon con la cuchara grande en Pensiones Civiles de Tlaxcala: muchos jubilados gozan el 100 % de los beneficios y bonos de productividad, ¡tal y como si estuvieran en activo!

El cuestionamiento es ineludible. ¿Con este caos, no existen responsables?

Si todo deriva de irregularidades, debe haberlos, pero… ¿habrá acción legal “en contra de quien o quienes resulten responsables”?

¿Se atreverá el gobierno del estado a “jalar la madeja” hasta “encontrar el hilo negro”?