03 abril, 2012
Escribe EDGAR R. CONDE CARMONA
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El anuncio hecho por el Oficial Mayor de Gobierno, Ubaldo Velasco Hernández, es un asunto que no puede, no debe minimizarse.
Imagine el lector: 31 funcionarios públicos, entre directores, jefes de departamento y personal administrativo, solicitaron sus respectivas licencias (muy rimbombantemente denominadas “sin goce de sueldo”), para sumarse a las campañas políticas.
Por lo pronto, durante los siguientes tres meses, diferentes instancias gubernamentales permanecerá acéfalas o, en el mejor de los casos, no rendirán como es debido, porque no habrá quién se haga responsable de los asuntos propios de cada una de las instancias donde hay ausencias.
Muy a pesar del dicho de Velasco Hernández, de que dichas licencias no afectarán el trabajo de las dependencias estatales, dado que los espacios ya fueron cubiertos por encargados, que pertenecen a la misma institución.
Sin embargo, valdría la pena aclarar si esos funcionarios perderán, por esas licencias, los derechos propios de una persona laboralmente activa, como las prestaciones, el aguinaldo y la atención médica, entre otros.
A eso habrá que sumar lo dicho por el Oficial Mayor de Gobierno: existe la posibilidad de que en los próximos días otros funcionarios pretendan solicitar más licencias.
El que existan personas que tienen intereses políticos y que hagan uso de sus derechos no es cuestionable; sí lo es el hecho de romper la dinámica de un ente gubernamental para hacer proselitismo.
Y es más cuestionable que, en aras de intereses partidistas, se evidencie la existencia de personas que se preocupan más por provechos de partido que por cumplir con una función y con hacer bien su trabajo.
Lo preocupante del caso es, para atender la transparencia que presume el gobernador, ¿a qué partido o a qué candidatos, apoyarán esos funcionarios con licencia? Existen algunos indicios para saber qué pasará el personal que abandona sus labores por tres meses.
Particularmente porque las licencias fueron otorgadas a personal que labora en el despacho del gobernador (¿eso le dice algo?); el Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Municipal (que dirigía Emilio Minor, hoy candidato a Diputado); el Consejo Estatal de Población, el Instituto del Deporte de Tlaxcala (cuya titular es esposa del perredista Felipe Sánchez Lima), la Secretaría de Fomento Agropecuario y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (a cargo de Gisela Santacruz Santacruz, connotada perredista).
Sigamos, pues, viviendo en el estado de “no pasa nada”.