04 abril, 2012
* En pleno proceso electoral.
Las acusaciones hechas por el diputado del PVEM, Gregorio Cervantes Díaz, de que la anterior administración incurrió en supuestos actos de corrupción y de fraude, en lo que respecta al proyecto para la edificación de la Central de Abastos de Tlaxcala (CAT), es delicado.
Lo dicho por el legislador en la máxima tribuna del estado, genera mucha especulación por los diversos actos irregulares en los cuales se pudieron haber incurrido en la ejecución de este proyecto.
Sin embargo, lo dicho por Cervantes Díaz hay que tomarlo con reserva porque utilizó el fuero constitucional para verter dichas declaraciones en pleno proceso electoral.
El legislador negó que el gobierno actual haya incurrido en un adeudo millonario por dicha causa.
Y textual dijo: “es un convenio inconstitucional, ilegal, pero sobre todo, en el que intervinieron dolosamente la participación de tres empresas morales de derecho privado, con exfuncionarios de la anterior administración, exservidores públicos a los que se debe investigar”.
Asimismo, lo declarado por el legislador panista, Adolfo Escobar Jardínez debe ser analizado pues dijo que todas las actuaciones en la pasada administración encabezada por Héctor Ortiz, se hicieron apegadas a derecho. ¿Todas? ¿Acaso el diputado del blanquiazul metió las manos al fuego por los orticistas?
Y lo más agrio del asunto es que ambos se dieron con todo en la tribuna. Hablaron de sus pifias, de sus negros bagajes en el ejercicio de la política, pero lo que nos queda claro a muchos ciudadanos es que ambos son unos sablistas de la política tlaxcalteca.
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