30 abril, 2012
Por la REDACCIÓN
Por unanimidad los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvieron que fue ilegal la reelección de Serafín Ortiz Ortiz como rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT) en el año 2009 cuando aún gobernaba la entidad su hermano Héctor Israel.
Este lunes el sesionar el Pleno de la Corte Superior, los juzgadores declararon inválido el Decreto 91 que reforma, adiciona y deroga diversos artículos de la Ley Orgánica de la UAT, publicado el 15 de octubre de 2009, en el Periódico Oficial de dicha entidad, y que entre otras cosas consentía la permanencia, por un segundo periodo consecutivo, de Ortiz Ortiz.
Por unanimidad, los ocho ministros presentes en la sesión avalaron el proyecto presentado por su compañero y ponente Luis María Aguilar Morales, quien tras analizar el caso concluyó que la LIX Legislatura local violó la constitución al subir de nueva cuenta y aprobar las reformas a la ley orgánica de la UAT que habían sido rechazadas en una primera votación.
“El proyecto propuso declarar la invalidez del Decreto impugnado, ya que se infringió una regla establecida en la Constitución del Estado de Tlaxcala, cuya finalidad fundamental es impedir que se inicie de nueva cuenta un proceso cuyas propuestas fueron en un determinado período legislativo objeto de deliberación y votación que no lograron ser aprobadas, lo que exige otorgar un espacio de tiempo en la Agenda Legislativa a efecto de evitar confrontaciones innecesarias al interior del Cuerpo Legislativo y para valorar la conveniencia de legislar sobre el tema, y en su caso, los términos en que habría de hacerse”, expuso el ministro ponente.
Y agregó. “Esto es, se declara fundado el concepto de invalidez en el que se aduce que se infringió el artículo 51 de la Constitución del Estado de Tlaxcala, conforme al cual todo proyecto de ley o decreto que fuese desechado por el Congreso, no podrá volver a presentarse en el mismo período de sesiones.
En el caso, la primera discusión del Decreto en el que se reforman, adicionan y derogan diversos artículos de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, tuvo lugar el 06 de octubre de 2007, en la cual, la mayoría de los miembros rechazaron el dictamen”.
Por tanto los ministros fijaron un plazo de treinta días naturales siguientes a la notificación de los puntos resolutivos de este fallo, para que el Congreso local presente un nuevo dictamen referente a las reformas a la ley orgánica de la universidad a efecto de que no exista un vacío legal en la estructura y organización de la UAT.
En este sentido el Ministro Presidente aclaró que el primer periodo de sesiones del Congreso del Estado de Tlaxcala comprende del 31 de diciembre de 2011 al 15 de mayo de 2012, “lo cual indica que se está en tiempo para legislar”, expuso.
El antecedente
El expediente 83/2009, que refiere la acción de inconstitucionalidad en contra de las reformas a la Ley orgánica de la UAT fue interpuesto en noviembre del año 2009 por once legisladores de oposición ante la SCJN.
La principal impulsora de la controversia fue la entonces legisladora perredista y actual secretaria de Comunicaciones y Transportes, Gisela Santacruz Santacruz.
El 26 de noviembre de 2009 los 12 diputados inconformes enviaron una misiva al ministro ponente del caso José de Jesús Gudiño Pelayo (quien falleció en septiembre de 2010) para exponer la situación política al interior del Congreso, derivada de este asunto.
En esa carta le comentaron que los legisladores panistas habían propalado, sin razón o motivo, que el ministro ponente tenía amistad con el gobernador y con el rector de la UAT; además de que su hija Yolanda Gudiño Cicero es catedrática de dicha universidad.
Le dijeron que con estos argumentos los diputados del Partido Acción Nacional (PAN) estaban plenamente confiados en que el resultado de la acción de inconstitucionalidad “sería favorable a los hermanos Ortiz Ortiz”.
Ante tal inconformidad manifestada a la Corte el expediente fue reasignado al ministro Luis María Aguilar Morales.
Cabe mencionar que en el proceso y un año después de iniciada la controversia, los entonces diputados Arnulfo Arévalo Lara (actual dirigente estatal del PRI) y Víctor Briones Loranca (candidato a diputado federal por el PRD) se desistieron del acto de inconstitucionalidad presentado en el poder Judicial de Tlaxcala pese a que en un principio habían respaldado la acción.
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