02 abril, 2012
* ¿El gobernador tolera abusos?
La nota, publicada apenas el jueves pasado a nivel nacional, a través de Primero Noticias, de Carlos Loret de Mola, en la que se evidencia que el notario número 1 de Huamantla, Carlos Ixtlapale Pérez, avaló, junto con otro notario de Puebla, un acto ilícito, es un llamado de atención para el gobierno del estado.
Particularmente porque al poner en descubierto un “Fraude por suplantación de identidad” (como titularon el reportaje transmitido en cadena nacional por Televisa) queda en el ambiente la desconfianza hacia una figura que debiera conducirse con la mayor ética, por estar implicado en el caso un fedatario.
Los notarios involucrados en este escándalo nacional podrían apelar a que fueron “timados”, “sorprendidos”; y sin embargo, ese aserto no tendría ninguna validez, pues de acuerdo con el artículo de la Ley del Notariado para el Estado de Tlaxcala: “Notario es la persona profesional del derecho, investida de fe pública por delegación de la que tiene como atributo el Estado, para que de manera personal oriente, autentique y dé forma, de acuerdo a las leyes, a los actos y hechos jurídicos en que intervenga”.
Lo peor del caso es que el aval que dieron los dos fedatarios permitió que una persona sufriera el despojo de tres propiedades, parte de su patrimonio.
El punto es que un Notario recibe una patente, expedida por el respectivo gobierno del estado en el que se desempeña. Y bajo esta premisa, es necesario que el gobierno de Tlaxcala, someta a revisión dicha patente, pues queda ahora en entredicho la integridad y probidad de ese Notario.
¿En cuántos casos se ha visto involucrado el Notario Ixtlapale con semejantes características? ¿Quién, en su pleno derecho, puede confiar en un Notario que avala actos ilegales?
De eso se trata; el gobierno del estado debe garantizar que quienes tienen en su poder una patente actúen con estricto apego, no sólo al derecho, sino al cumplimiento ético de una función que pretende dar certeza jurídica a una gran cantidad de procesos legales.
Y en este sentido, es imprescindible que la administración priísta de Mariano González emita una postura inmediata al respecto, particularmente porque hace muchos años se expedían las famosas “patentes de corsarios” a personas afines para que asolaran diversos mares y océanos que aterraban donde el gobierno que las expedía tenía determinados intereses económicos o políticos.
Así, como lo ha pregonado el propio Mariano González Zarur, si en realidad su “gobierno es transparente y por eso rinde cuentas”, es el momento de definir esa transparencia y en caso de que así, retirar esa patente que pone en entredicho la legalidad con que se conducen las instituciones en un estado como Tlaxcala.
Particularmente porque, según consigna el artículo 145 de la Ley del Notariado para el Estado de Tlaxcala: “Los Notarios son responsables de los delitos y faltas que cometan con motivo del desempeño de su función. La responsabilidad administrativa en que incurran los Notarios por violaciones a los preceptos de esta Ley se hará efectiva por el Ejecutivo a través de la Dirección de Notarías y Registros Públicos”.
El gobierno de Mariano González tiene elementos suficientes para actuar en consecuencia, conforme lo establece la fracción IV, del artículo 151 de la citada Ley, referente a las atribuciones del Ejecutivo estatal para cancelar una patente de notario: “Por desempeñar las funciones notariales en estado de embriaguez o bajo la influencia de narcóticos o drogas enervantes; o bien por falta de probidad”.
A ver hasta dónde está el compromiso de defender de la indefensión a la ciudadanía. ¿Y el gobernador del estado, Mariano González Zarur, tolera abusos de notarios?…
© 2025 ÍNDICEMEDIA
