29 abril, 2012
* ¿En riesgo la gobernabilidad?…
Las manifestaciones públicas registradas la semana pasada en la capital del estado, con diferentes propósitos y actores, son una fotografía del ánimo ciudadano que evidencia un gobierno políticamente débil y de una descomposición social que pone en riesgo la gobernabilidad de Tlaxcala.
En primera instancia, habitantes de Santa Fe La Troje, perteneciente al municipio de Tetla de la Solidaridad tomaron tan desprevenido al gobierno del estado que de la manifestación se dio paso a la violencia, controlada con el último recurso: el uso de la fuerza pública.
Y es que, según la queja de los vecinos quejosos, tienen ya tres meses que demandan la destitución de su presidente de comunidad, por presuntos malos manejos, abuso de autoridad y prepotencia. La violencia en que incurrieron los demandantes, de hecho, fue originada por la minimización del problema que acusaron tanto la Secretaría de Gobierno como la Cámara de Diputados.
Luego, en el transcurso de la misma semana, varios miles de maestros y burócratas se manifestaron para exigir al gobierno de Tlaxcala una pronta solución a los problemas que enfrenta Pensiones Civiles de Tlaxcala por la inminente “quiebra” de ese organismo.
Lo casos mencionados líneas arriba, se suman a otros muchos conflictos que brotaron por la ausencia de oficio político y de diálogo; ahí están registrados los conflictos de Tlaxco, Chiautempan, Huamantla, por citar algunos, que pudieron evitarse fácilmente pero que fueron desatendidas y minimizadas por las instancias de gobierno.
Desgraciadamente para los tlaxcaltecas, con estos dos últimos casos, nuevamente salió a relucir la constante del gobierno que encabeza Mariano González Zarur: solucionar los conflictos exponiendo a su contraparte ante los medios, para desgastarlos.
Independientemente de que la situación que atraviesa PCT es delicada y pone en riesgo la salud financiera del gobierno estatal, la solución debió seguir otros canales, los institucionales; el problema surgió cuando se desvelaron ante los medios, y no ante las instancias judiciales y laborales, la serie de canonjías y prebendas que tenían algunos representantes de la base trabajadora.
El problema de fondo, en ambos casos, puede parecer intrascendente y hasta chocante, pero real: que las instancia de gobierno asumen, ante la ciudadanía el juego del ”ni veo ni oigo”, particularmente con los grupos o sectores con los que existe un cierto rencor político, porque no apoyaron la campaña política de quien dirige los destinos de la entidad.
De esta manera, no podemos negar que el problema, aunque tiene en los secretarios a sus primeros responsables, es un asunto personal de Mariano González Zarur que quiere gobernar fiel a su estilo de ejercer el poder vertical; es un asunto de un gobernador que no apuesta al diálogo ni a la negociación política, porque no está dispuesto a compartir el poder.
De nada servirá, pues, poner en tela de juicio la efectividad de uno u otro secretario de Gobierno (y que conste que en el presente sexenio ya han ocupado esa cartera Anabel Ávalos y Noé Rodríguez), si el jefe del Ejecutivo Estatal poco o nada abona para buscar una salida responsable y efectiva a los diferentes problemas que enfrenta la entidad.
Queda, eso sí, un dejo de desencanto ver que a pesar de las ofertas de campaña seguimos viviendo en un virreinato, otrora tan criticado por haber sido azul, donde la única palabra es la de quien detenta el poder.
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