UN GOBIERNO SIN ENGRANAJE

26 marzo, 2012

Desde la REDACCIÓN

Cuando el mandatario Mariano González Zarur, habla que ha sostenido comunicación constante con los tres niveles de gobierno, para mantener un desarrollo integral a favor de los tlaxcaltecas, parece que sólo es verbo, ya que la percepción ciudadana es otra.

Quizás diga el propio mandatario que por el escenario político-electoral sus adversarios políticos tratan de incidir negativamente  en la ciudadanía.

Pero la verdad es otra porque simplemente no le interesa cambiar de fondo actitudes que empañan el ejercicio de la administración pública.

Y es que la presente gestión ha estado plagada de protestas sociales. La razón principal, es por la forma en cómo están gobernando Mariano y los alcaldes priístas.

Marchas, plantones, intentos de linchamiento, inseguridad, toma de alcaldías, actos de corrupción, persecución política, amenazas contra la libertad de prensa y de expresión ha sido la tónica desarrollada en un año y tres meses de gobierno estatal y local.

Simplemente, el mandatario estatal no ha querido apostarle al buen entendimiento y no ha tenido la voluntad para exigirle a los alcaldes de su partido (Chiautempan, Tlaxcala, Huamantla, Ixtacuixtla, Zacatelco, Tlaxco, Contla) a que gobiernen sin excesos.

Incluso, en el propio gobierno estatal están muy seguros de que el efecto Peña Nieto les permitirá contrarrestar el malestar ciudadano. Es muy aventurado pensar en lo anterior.

Y es que en las propias las casas de campaña de los abanderados del tricolor tienen el pulso real de cómo se encuentran en Tlaxcala.

Lo único que puede hacer la diferencia, es que la manipulación de programas sociales a favor del mexiquense sea efectiva y logre mellar en las estrategias del PAN y del gobierno federal.

Pero la preocupación por parte de los virtuales candidatos priistas es notoria. Varios de sus aliados dejaron de serlo sólo por yerros que radican en que muchos marianistas ya están enfermos de poder.

Dicha percepción, es un mal síntoma para un gobernante que dice que ha trabajado intensamente para reconstruir el tejido social.

Y si le agregamos que los diputados locales del PRI, también andan desbalagados porque no encentran una articulación con el titular del Ejecutivo, en cuanto a las estrategias a desarrollar en el interior del Congreso del Estado.

En términos generales, el Revolucionario Institucional no ha querido aprender del pasado, pero lo más sensato es que cada día hay una sociedad más pensante, le guste o no a los que tienen el poder.

Mensaje de molestia

En una reunión que sostuvo el secretario de gobierno, Noé Rodríguez Roldán, en el restaurante “Las Cazuelas” con algunos alcaldes hubo uno de ellos que se quejó amargamente de la procuradora General de Justicia, Alicia Fragoso Sánchez.

Dicen los chismes que se trata nada más y nada menos del edil de Chiautempan, Ángel Meneses Barbosa, quien le dijo textualmente al responsable de la política interna: “Noé te pido que le digas a tu procuradora que ya deje de hostigarme (…)”.

Y todo indica, según las lenguas de doble filo, que la molestia se debió por el caso del exdirector de la Dirección de Seguridad Pública, Antonio Solano Morales, quien resultó ser un presunto secuestrador.

El hecho es que los alcaldes ahí presentes, se quedaron sorprendidos de la queja del chiautempense quien de pasó criticó al director de un medio de comunicación impreso.

¿Por revelar lo anterior también nos demandará el alcalde priísta?… Hay que recordarle en boca cerrada no entran moscas.

El político “buscapiés”

Continuamente, Héctor Ortiz Ortiz, se está amparando ante las instancias judiciales por aquello de que el gobierno estatal ha emprendido una “persecución política” en su contra.

Fuentes confiables revelaron que el exgobernador de Tlaxcala recurre a amparos “buscapiés” para cuidarse de alguna acción legal más en su contra.

Es más, señalan que se ha respaldado en la leyes que protegen los datos personales de los ciudadanos, -estatal y federal- para que los jueces o cualquier trabajador de algún juzgado estatal o federal no revelen los datos del exmandatario.

Si lo llegaran a hacer serán motivo de una severa sanción como lo prevé el marco jurídico.

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