22 marzo, 2012
* Colaboración de la ASOCIACIÓN MEXICANA DE DERECHO A LA INFORMACIÓN (AMEDI)
La propuesta para que Gerardo Laveaga sea nombrado Comisionado del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, pone en riesgo la credibilidad y autonomía de tan importante institución.
Es posible que, como lo señala la propuesta del Ejecutivo Federal, Laveaga tenga “amplia capacidad y probada experiencia” en el ámbito académico y gubernamental, pero carece de méritos en lo que se refiere a transparencia y rendición de cuentas, que son las materias clave para desempeñarse en el cargo para el cual ha sido propuesto.
Los últimos diez años, al frente del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), le han permitido una notable experiencia en materia de seguridad pública y procuración de justicia; tareas bastante lejanas al quehacer institucional que se pretende poner en sus manos. La Ley es clara y precisa: para ser Comisionado del IFAI es necesario que los candidatos satisfagan, entre otros requisitos, el de haberse desempeñado destacadamente en actividades profesionales, de servicio público o académicas, relacionadas con la transparencia y la rendición de cuentas.
El Maestro Laveaga no tiene mérito alguno para ser nombrado en el cargo y al proponerlo, el Presidente de la República y el Senado, al ratificarlo, violentarían la Ley.
Por sus antecedentes, se encuentra impedido para formar parte de una institución que tiene a su cargo la apertura de la información gubernamental. Basta recordar sus opiniones estando al frente del INACIPE en lo que se refiere a la publicidad de las averiguaciones previas, que dan cuenta de un nulo compromiso con la transparencia.
Por ello, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI) solicita al Senado de la República un análisis objetivo de la propuesta enviada por el Presidente de la República, de tal suerte que al concluir sobre los nulos méritos de la persona propuesta rechace el nombramiento y obligue, al Titular del Ejecutivo Federal, a plantear una propuesta seria en términos de lo dispuesto por la Ley.