19 marzo, 2012
Desde la REDACCIÓN
La presión política ha llegado a la Junta Local del Instituto Federal Electoral (IFE), organismo en el cual definirán si Héctor Ortiz Ortiz, participa o no en las elecciones federales, en busca de una candidatura al Senado de la República.
Una vez que el PAN entregó -en días pasados- la documentación de sus abanderados a las Senadurías y a las Diputaciones Federales, han comenzado las presiones para el vocal Ejecutivo, Marcos Rodríguez del Castillo.
Incluso, éste se ha entrevistado -en los últimos días- con el secretario de la Función Pública en Tlaxcala, Hugo René Temoltzin Carreto, para analizar detenidamente el asunto.
El gobierno sostiene la hipótesis de que debe negarse el registro, pues el mismo mandatario anterior fue quien firmó con la SFP-federal, un acuerdo para inhabilitar en el terreno federal y estatal, a quien cometa excesos en su desempeño.
Y por el otro lado hay algunos consejeros del IFE, ligados al PAN que intentan hacer presión a fin de que en los próximos días le entreguen a Ortiz Ortiz, su registro como candidato.
Cabe señalar que en febrero la SFP-Estatal inhabilitó por cinco años a Ortiz Ortiz, ya que supuestamente incurrió en excesos al contratar a familiares dentro de su gabinete.
Incluso, Ortiz Ortiz ha emprendido una defensa jurídica que le permita sostener ante el IFE, que no ha cometido ninguna violación a la ley y que la determinación de la SFP es ilegítima, pues sólo se trata de una medida política.
Lo cierto, es que el gobernador Mariano González Zarur, ha establecido toda una estrategia para impedir que su antecesor tenga fuero Constitucional, pues sabe que podría ser un verdadero contrapeso político en los años venideros.
Por ello, Marcos Rodríguez del Castillo y el Instituto Federal Electoral (IFE) estarán a prueba de fuego. Será su primer dolor de cabeza decidir si Ortiz Ortiz, participa o no en la contienda electoral que se avecina.
¿Cien denuncias por trata?
Vaya que es alarmante que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), haya radicado cien denuncias por el delito de trata de personas en 2011.
Es una lástima que exista dicho panorama en Tlaxcala y lo más agrio es que ningún presunto delincuente purgue una sentencia por dicho delito. Cuando ocurra lo anterior, si que sentará un precedente histórico en el estado.
¿Diezmo?
Dicen que en la Coordinación General de Ecología (CGE), varios de los proveedores deben caerse con el “diezmo” a fin de que sigan entregando artículos y productos para el Zoológico del Altiplano, de lo contrario quedan fuera de la jugada. ¿Un asunto más de corrupción?
Los afectados piden que el gobernador investigue el caso.
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