28 marzo, 2012
Escribe EDGAR R. CONDE CARMONA
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No bastó con el escándalo en el que el primer regidor del municipio de Teolocholco, Rafael Hernández Águila, se vio involucrado en un plagio. Tras escasas tres semanas, Tepeyanco es el escenario de un nuevo desorden.
Según la averiguación previa 236/2012/AMPEDGVI-S, radicada ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJR), está en entredicho la reputación del presidente de comunidad de Tlacochcalco, Ricardo Jiménez Flores. Las causales de esa averiguación: acoso sexual y despido injustificado.
La grave crisis de falta de ética entre quienes se constituyen como autoridades, aunado a un sistema judicial susceptible de corrupciones, impide que casos como este sean castigados y que, por ende, se sigan cometiendo en perjuicio de personas inocentes.
Es muy cierto lo que señala la presidenta de la Comisión de Asuntos Municipales del Congreso de Tlaxcala, Alejandra Roldán Benitez: “en ocasiones estos asuntos son utilizados como revanchismo político”.
Pero eso no impide que la PGJE realice un trabajo exhaustivo y sujeto a derecho para deslindar responsabilidades; pues a veces el simple hecho de tener cierto grado de autoridad parece ser sinónimo de inmunidad… e impunidad.
Y menos impide que instancias “no gubernamentales”, como la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), desechen de facto una queja sin siquiera indagar un poco, y den un pretexto tan infantil como que no era procedente su demanda y “que mejor presentara una demanda laboral”.
Es indispensable que las instancias encargadas de administrar justicia actúen enérgica e imparcialmente, contra quien sea, para quitar esa aura de descomposición y cohecho que le impregna.
Ya antes, por ejemplo, hace menos de un año, se ventiló en los medios de comunicación el caso de una mujer, ex empleada del ayuntamiento de Huamantla, quien presuntamente fue violada por un presidente de comunidad, pero que, por el desaseo en el proceso, se perdió el seguimiento del caso y su respectivo castigo.
Todo indica que dicho delito quedó impune y se corrió el rumor de que fue el propio alcalde de Huamantla, Carlos Ixtlapale quien incubrió al presidente de comunidad. Es más, la afectada fue despedida y posteriormente, fue acomodada en una dependencia en la capital del estado.
En el propio ayuntamiento se corre el rumor de que la afectada prefirió dejar el caso por temor, pero ante un delito de este tipo le preguntamos a la procuradora Alicia Fragoso Sánchez ¿Consignó dicha denuncia ante el juez competente? ¿Quedó impune el presunto delito?
Revisemos, por ejemplo el caso de Eliseo Zayas Jaen, presidente municipal de Acatzingo, Puebla, quien hace dos semanas se convirtió en el primer caso de un alcalde en funciones que es procesado penalmente por violaciones a la ley.
El delito del ex mandatario municipal poblano fue haber facilitado la fuga de su ex escolta, José Rosendo Luis de Lima, quien era señalado como el autor material del homicidio de una persona.
En Tlaxcala, sin embargo, parece que la Ley es más laxa, o que no aplica para quienes detentan cargos de elección popular.