12 marzo, 2012
* La punta de una madeja.
El escándalo protagonizado por el primer regidor de Teolocholco, Rafael Hernández Águila, y por el ex director de la policía municipal de Chiatempan, Antonio Solano Morales, se convierten en la punta de una madeja que deberá investigar minuciosamente la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
Especialmente porque el caso está latente en los otros 59 municipios de la entidad en los que muy posiblemente se hayan omitido los procedimientos marcados por la ley en la selección del personal de los cuerpos policíacos.
Más urgente resulta porque en diferentes puntos de la entidad, la percepción ciudadana es que en algunos cuerpos de seguridad municipal se llevan a cabo prácticas de corrupción de algunos elementos (pues piden “mordidas” o aceptan dádivas a cambio de cierto trato preferencial), tanto de las corporaciones municipales como de la misma estatal.
Es urgente que la PGJE realice una investigación más a fondo en el municipio de Chiautempan, especialmente porque ya trasciende, en diversos círculos, que podrían ser detenidos varios elementos de la policía municipal de ese municipio, quienes presuntamente estarían involucrados en el secuestro de un joven durante la madrugada de este jueves en el municipio de San Luis Teolocholco.
Pero el llamado de atención no es únicamente para la PGJE; también es indispensable que los partidos políticos revisen los mecanismos de selección de candidatos a puestos de elección popular tengan un mayor cuidado para la selección de los aspirantes, pues al parecer más que la preparación, lo que les importa a los institutos políticos es que los representen personas “que tengan arrastre”, que sumen mayorías para asegurar el triunfo en las urnas.
Hoy más que nunca, las autoridades encargadas de la procuración de justicia y las de seguridad, están más que obligadas a transparentar los mecanismos que emplean para la selección de su personal; de lo contrario con la detención de los presuntos secuestradores no pasaremos de un hecho para el anecdotario judicial de Tlaxcala.
Es indispensable que la procuradora tlaxcalteca, Alicia Fragoso Bernal, anuncie y ponga a en marcha inmediata un programa de revisión del personal de las 60 corporaciones municipales, especialmente porque en el país se observa cómo la delincuencia organizada se ha ido incrustando en el corazón de las instituciones que se suponen deben velar por la seguridad de los ciudadanos.
Y por si fuera poco, este escándalo pone en evidencia el débil e ineficiente trabajo de inteligencia que le correspondería hacer a la Secretaría de Gobierno, pues de entrada tendría que ser la primera instancia en conocer los antecedentes de cada uno de los empleados de organismos públicos.
Los tlaxcaltecas ansiamos a vivir en un estado de derecho y con absoluta seguridad. Y esas es una obligación constitucional que deben satisfacer las instancias encargadas de impartir justicia y de velar por la seguridad.
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