05 marzo, 2012
Escribe MAYRA ROMERO GAYTÁN
A propósito de la libertad de expresión la polémica, lejos de terminarse, sigue en aumento alrededor de éste tema, debido a que nuestros amigos del gremio periodístico observan como un atentado a la misma el contenido de los artículos 46 y 47 del Proyecto de la nueva Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado, a la que los diputados de la LX Legislatura local, ya han dado primera lectura y la cual, a decir del Presidente de la Comisión de Acceso a la Información Pública de esa soberanía, Francisco Javier Romero Ahuactzi, se estaría aprobando en este mismo periodo legislativo.
Apenas el último jueves del mes de febrero estuvo en Tlaxcala, en el emblemático Patio Vitral del Congreso, la Doctora Perla Gómez Gallardo con una de las sesiones del Seminario Permanente Acercamientos a la Libertad de Expresión y dejó muy clara su posición con respecto a que una ley que debe fomentar el ejercicio periodístico de ninguna manera puede manejar la censura previa ni coartar este derecho de manifestar libremente las ideas, sino que más bien deberían preocuparse los diputados por legislar para que en nuestro Estado se elimine del Código Penal los delitos contra el honor.
Tan seria y congruente es la posición en cuanto a este tema por parte de la Doctora Perla que en días pasados aceptó, después de una revisión exhaustiva de toda la información disponible misma que le llevó algunos meses, la solicitud del Doctor Jorge Carpizo de llevar su caso de demanda por daño moral en contra de Anabel Hernández, derivado de los señalamientos infundados que de él hace en el libro titulado “Los Señores del Narco”.
La intención primordial de Gómez Gallardo al aceptar este caso es la de defender el ejercicio del periodismo de investigación serio, reconocer que el escrutinio a las figuras públicas en una sociedad democrática es necesario pero con el uso responsable de la libertad de expresión.
Para poder llevar este asunto encontró las razones de hecho y de derecho con base en la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal, solicitando al Tribunal de Justicia emita sentencia que permita resarcir el daño causado y que propicie la buena investigación periodística.
Estamos convencidos los miembros del Consejo General de la Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (CAIPTLAX) al igual que la Doctora Gómez, de que hay que defender el ejercicio responsable de la libertad de expresión, nos hemos manifestado por que las notas periodísticas tengan una buena fundamentación y de que nuestros amigos reporteros hagan un verdadero periodismo de investigación, no es ni será nuestra postura tratar de limitar el derecho que tienen de manifestar libremente sus ideas.
Así pues y volviendo al tema de la nueva Ley de Acceso a la Información quiero ser muy precisa en señalar que la CAIPTLAX ha contribuido sólo con propuestas de lo que consideramos verdaderamente necesario y digno de incluir en dicha ley como el fortalecimiento de la misma Comisión. Pero la realidad es, y ya lo he manifestado en distintas entrevistas, que la aprobación de este ordenamiento depende única y exclusivamente de nuestros legisladores.
A propósito…
Para quien no la conoce es justo decir que éste tipo de casos, la Doctora Gómez Gallardo, los atiende con el único afán de fortalecer un proyecto académico: Todos por el Derecho de la Información (TPDI) en la UAM Unidad Cuajimalpa, y por tanto no cobra honorarios por llevar el litigio, lo cual, sobra decirlo, la dignifica como persona y la fortalece como abogada experta en derecho de la información, derecho de acceso a la información y libertad de expresión.
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