REPROBABLE

23 marzo, 2012

Escribe EDGAR R. CONDE CARMONA

edgarconde@indicemedia.com.mx / twitter@su_excelencia

¡Qué tan cierta está la diputada Lilia Caritina Olvera Coronel cuando afirma que en la Secretaría de Gobierno de Tlaxcala “no están haciendo bien su trabajo”!

Tiene toda la razón la presidenta de la Junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso del Estado cuando señala que el Poder Legislativo es una “caja de resonancia de todas las expresiones del estado”, y que el Poder Ejecutivo no debe ignorar su función.

No hay vuelta de hoja: generar ambientes de gobernabilidad en el estado de Tlaxcala es responsabilidad de la Secretaría de Gobierno, como acertadamente fustiga la diputada panista, por el XIII Distrito Electoral de Tlaxcala.

A los tlaxcaltecas en general nos consta lo que dice la representante popular: “los diputados han hecho los llamados pertinentes al Ejecutivo para que pongan más atención a través también de sus instancias que pongan más atención a los municipios” [sic] (www.e-tlaxcala.mx, 20 de marzo, 2012).

Pero… ¿es que los diputados no tienen un grupo de asesores que los aconsejen para no caer en “errores declarativos”?

Es imperdonable que la Presidenta de la Junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso del Estado asegure “Este [el Congreso] no es el espacio adecuado para poder manifestar alguna crisis municipal, de ninguna manera”.

Imperdonable porque la fracción XXXV, del artículo 54, en el Capítulo IV de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala establece como obligación del Congreso del Estado “resolver en definitiva las cuestiones políticas que surjan en un municipio, entre los municipios de la Entidad y entre éstos y cualquier autoridad”.

De plano es reprobable que un integrante del Poder Ejecutivo afirme que “es la Secretaría de Gobierno la encargada de la gobernabilidad, de la política interior del estado, nosotros los recibimos con mucho respeto, con mucho gusto, pero hay situaciones que no le competen al Congreso resolver, ni los va a resolver”.

Según el artículo 43, del capítulo II, de nuestra Constitución local: “Los Diputados deberán cumplir puntualmente sus deberes legislativos, de gestoría y representación, así como los de fiscalización y control del ingreso y gasto públicos”.

¿Acaso los legisladores no son gestores? Según el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua (RAE), gestionar es “hacer diligencias conducentes al logro de un negocio o de un deseo cualquiera”. Luego, en su calidad de gestores deberían negociar la pacificación de cualquier conflicto municipal, máxime si corresponde a su circunscripción.

¿Entonces los diputados no son representantes populares? Popular –reza la definición de la RAE– es “perteneciente o relativo al pueblo”. Y los conflictos, son de un pueblo y por ende es obligación de los legisladores atender o mediar donde otras instancias no pueden o no quieren.

Y si en ninguna parte nos hacen caso a los ciudadanos de a pie, ¿a dónde nos vamos a quejarnos? Diría el Chapulín Colorado: “¿quién podrá defendernos?”.

Así, acaso las declaraciones tengan un tufo con tintes electorales. Nada más.