PRI CONTRA LA FEPADE; SIN AUTORIDAD MORAL

17 febrero, 2012

 

 

Escribe ALEXIA BARRIOS G.

Para la dirigencia nacional del PRI el cambio en la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales de la PGR (Fepade) tienen un trasfondo político que busca partidizar el proceso presidencial de 2012. Sin embargo, poco o nada han dicho sobre lo que ocurre en las entidades donde habrá elecciones y donde el PRI es gobierno y tiene en sus manos el control de las denuncias por delitos electorales. Eso es lo que ocurre en Tabasco.

Un dato fundamental sobre el caso Benjamín Cruz Alfaro y su candidatura por el PRI a diputado local en Tabasco tiene que ver con el aparato de procuración de justicia estatal, el cual, prácticamente se encuentra viciado de origen y a lo que autoridades federales, electorales y penales, deberían prestar más atención.

Lo decimos por lo siguiente: las denuncias que en este espacio y medios locales se han dado a conocer sobre el lado oscuro y hasta probablemente delictivo de Benjamín Cruz, debieran ser mínimamente investigados por la Procuraduría de Justicia Estatal como una muestra de voluntad y ejemplo de que la elección estará blindada contra el crimen organizado.

Pero no es así, y difícilmente lo será porque resulta que hay un serio y grave conflicto de intereses que ya hemos evidenciado en esta columna: el presidente estatal del PRI es el ex director Jurídico del gobierno del estado, Miguel Alberto Romero. No tendría nada de extraordinario ni de ilegítimo que un cuadro del gobernador pase a ocupar la dirección partidista, lo delicado es que el mandatario designara al padre del líder estatal priísta como ¡Procurador de Justicia del Estado de Tabasco!, el abogado y académico, Gregorio Romero Tequextle.

Es decir, el funcionario responsable de investigar los delitos electorales, las denuncias de los partidos y candidatos por violaciones previo y durante el proceso electoral estatal, es el padre del líder del PRI.

¿Cómo el PRD-PT-PMC o el PAN van a confiar en que la PGJ actuará con imparcialidad y apegado a derecho contra los posibles atropellos que cometa el PRI o el gobierno estatal?

Por eso es que en el caso de Benjamín Cruz Alfaro, con todo lo que se ha dicho sobre su inexplicable riqueza, de que hay sospechas de que lava dinero, de tener probables vínculos con la delincuencia organizada, aunque se presentaran denuncias ante la Procuraduría estatal no pasará nada porque quien lo hizo candidato es el hijo del procurador.

Más aún, hay que apuntar que otro personaje más asoma la cabeza y es el presidente del PRI de Centro y quien fuera subprocurador estatal, Freddy Chablé Torrado, de quien hemos dado a conocer reprobó las pruebas de control y confianza de dicha dependencia, durante un periodo en que hubo sospechas firmes de sus vínculos y protección hacia el crimen organizado.

Este caso es el mejor ejemplo que sintetiza lo que ha sido el gobierno de Andrés Granier, de amigos, de protegidos y omiso ante este tipo de denuncias.

De ahí que desde este espacio se haga un llamado a la PGR a través de la Fepade y al propio IFE, para que tomen cartas en el asunto y el tema no quede en una denuncia más, de las muchas que surgirán en los próximos días ante la cercanía de la jornada electoral más complicada de la historia nacional.

Por otra parte, tanto el líder nacional del PRI como su candidato presidencia, antes de hacerse las víctimas de persecución por parte de la DEA, la CIA, el FBI o la PGR, deben revisar a fondo quiénes son los que están “comprando” candidaturas.

Y en el lado de las izquierdas, que al parecer tampoco entienden de razones y de que la ciudadanía les dará la espalda si candidatean a probables delincuentes, deben poner sus barbas a remojar, porque como hemos afirmado, dado que ahora no representan un riesgo electoral, el PAN-Gobierno dejó de echarles el ojo, pero no dudarán ni tantito para ponerles unos calambres.

alexiabarriossendero@gmail.com