14 febrero, 2012
MSN POLÍTICO
En un comunicado de prensa el CEN del PRI, se opuso al cambio de titular en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), pues afirma que la exdelegada de la PGR en Tlaxcala, Imelda Calvillo Tello no cuenta con el perfil necesario.
Cabe señalar que a cinco meses de la elección presidencial, la Procuraduría General de la República (PGR) cambió de titular en la Fepade. José Luis Vargas Valdez fue removido y en su lugar quedó Calvillo Tello.
Según, diarios nacioanales dicen que en la trayectoria de la nueva funcionaria destaca su desempeño en el área ministerial, sin embargo, no contempla acercamiento en temas electorales.
En sus 24 años en la institución, Calvillo fungió como delegada estatal de la Procuraduría en Puebla, Quintana Roo y Tlaxcala; así como subdelegada de Procedimientos Penales y de Control de Procesos Penales y Amparo.
En los últimos meses, Calvillo Tello fue responsable de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros y de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales.
Por ello, el PRI cuestiona su sombramiento durante esta madrugada.
Carta del CEN del PRI a la procuradura
Muy distinguida procuradora Marisela Morales:
Como es de su conocimiento, el próximo 1 de julio se celebrarán elecciones federales para renovar las dos Cámaras del Congreso de la Unión y elegir al próximo Presidente de la República. Igualmente, habrá elecciones concurrentes en 15 entidades de la federación.
En este contexto, cobra vital importancia contar con instituciones fuertes y confiables en el ámbito electoral, incluyendo la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), adscrita a la Procuraduría General de la República.
Cabe referir que en diversos medios de comunicación se ha mencionado la posible sustitución del Fiscal Especializado titular de la FEPADE, no obstante que el actual proceso electoral federal inició desde el pasado 7 de octubre de 2011, información que no ha sido desmentida.
Como entidad de interés público, nos parece que sería grave la designación de un nuevo fiscal que no cumpla con los criterios de imparcialidad y legalidad que corresponden a la FEPADE e igualmente, nos interesa conocer las causas por las cuales se removería al actual fiscal.
En fechas recientes, se han despertado suspicacias en torno a la injerencia del Poder Ejecutivo Federal, en un esfuerzo por criminalizar el proceso electoral y favorecer al Partido Acción Nacional.
Es inadmisible que la FEPADE se convierta en un instrumento de esta política y vehículo para la persecución aviesa e ilegal de candidatos o militantes de partidos de oposición al gobierno.
Hay que recordar que la creación de la FEPADE se generó a raíz del impulso y solicitud que el Instituto Federal Electoral acordó a través de su Consejo General, razón por la cual, genera desconfianza que en pleno desarrollo del proceso electoral, existan versiones de una eventual sustitución del mencionado servidor público, por un nuevo titular que pudiera ser susceptible a recibir consignas político-partidarias.
El PRI reitera su irrestricto apego a la ley y a las instituciones del país.
El PRI no defenderá a nadie que actúe fuera de la ley, incluyendo a sus propios militantes.
Sin embargo, nos oponemos a que se pretenda aplicar la ley, violando la ley.
Nos oponemos también a que se pretenda manipular la aplicación de la ley como un distractor de los problemas y la difícil realidad que viven millones de mexicanos: desempleo, pobreza e inseguridad.
México no olvida que durante los gobiernos de Acción Nacional el número de desempleados se ha incrementado 166 por ciento, es decir, hoy hay 1.5 millones de desempleados más que a finales del año 2000, de acuerdo con datos del INEGI.
El país tampoco olvida que entre 2000 y 2010, 5 millones de mexicanos cayeron en condiciones de pobreza, de acuerdo con información pública de CONEVAL.
Las familias de México no olvidan que la violencia se ha disparado, cobrando al menos 47 mil 515 vidas a septiembre de 2011, según cifras de la propia Procuraduría General de la República.
Lamentamos que los recursos institucionales del Estado mexicano se distraigan con fines político-partidarios, en lugar de atender y resolver estas problemáticas.
En este contexto, apelamos a su reconocido profesionalismo para que la institución a su cargo se apegue a los principios de imparcialidad, legalidad, certeza y objetividad, que deben imperar en el proceso electoral.
Sin más por el momento, le reitero las seguridades de mi atenta y distinguida colaboración.
Atentamente, “democracia y justicia social, senador Pedro Joaquín Coldwell, presidente del Comité Ejecutivo Nacional.
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