EL PLAN “B” DE ORTIZ; ADRIANA AUGURA GANAR

09 febrero, 2012

Escribe JAVIER CONDE GUTIÉRREZ

El resultado del proceso interno del PAN, dejó varias dudas al respecto. Sólo votaron más de once mil militantes activos y adherentes, lo que demuestra que un promedio de nueve por ciento de su padrón salió a las urnas el domingo pasado.

Y es que la Comisión Nacional de Procesos Internos del PAN tiene registrados seis mil simpatizantes activos y 39 mil adherentes; la dirigencia estatal del albiazul tenía pronosticado que un 40 por ciento del padrón saliera a votar y le falló

Lo anterior, pone en evidencia que hubo una deficiente convocatoria de Santiago Creel, Ernesto Cordero y Josefina Vázquez en un proceso marcado por diversas irregularidades.

Pero hay otras interrogantes: ¿En verdad el precandidato panista Héctor Ortiz Ortiz movilizó a todas sus células? ¿Por qué solamente le abonó 4 mil 771 votos a Ernesto Cordero? ¿Acaso pudo más la movilización de delegados federales?

En este sentido, algunos orticistas afirman que el exmandatario estatal, no perdió políticamente porque le abonó estratégicamente a los tres aspirantes presidenciables y que la verdadera movilización la realizará el 19 de febrero.

Tanto él como Adriana Dávila Fernández están muy confiados de que -ese día- amarrarán el primer lugar de la fórmula para el Senado, empero, la moneda está en el aire porque los dos han aprendido el arte de la mapachería.

En el caso de la apizaquense quedó demostrado que tiene capacidad de movilización y ella augura que serán más de seis mil votos -con los que hizo ganar a Josefina- los que obtenga para su cuenta personal el próximo 19 de febrero.

Mientras que Héctor Ortiz ha reorientado su estrategia de campaña para evitar que su rival lo supere y dicen que prepara su “Plan B” para consolidarse en el primer lugar de la fórmula, aunque para otros panistas dicen que éste ha perdido fortaleza.

Lo cierto, es que en menos de un mes el aspirante a una senaduría ha recibido, se quiera o no, dos descalabros políticos: La inhabilitación como servidor público por cinco años y no entregarle cuentas claras a Cordero y al presidente Calderón.