23 enero, 2012
* Más rigor en el combate a la corrupción.
Definitivamente, el gobierno de Tlaxcala incumple con su responsabilidad y, sólo en el discurso, promete combatir la corrupción y la opacidad; pero en la práctica mantiene en práctica la conseja popular: “dejar hacer, dejar pasar”.
Es reprobable que un diario local y no la secretaría de la Función Pública haya dado a conocer que el ex Secretario de la Secretaria de Salud, Constantino Quiroz Pérez, permitiera el incumplimiento de un contrato para la construcción del Centro de Salud en el municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal.
Más reprobable es que esta situación existe, por lo menos desde el 16 de marzo de 2009, fecha límite establecida en el contrato para la entrega del inmueble. Pese a ello, el actual director de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, no sólo no exigió al contratista (José Carlos M. Sánchez Sánchez) el cumplimiento del contrato, sino que aceptó el inmueble con un avance máximo del 70%.
El escándalo sale a flote cuando se comprueba que en diciembre de 2010, Constantino Quiroz Pérez liquidó a la constructora el monto total de la obra, en perjuicio del erario público.
Y por si fuera poco, según la documentación que sustenta la información, desde el 31 de octubre de 2008, el valor del contrato fue modificado, pues de dos millones 627 mil 736 pesos, se elevó a tres millones de pesos.
Pese a esas pruebas irrefutables que documentan este delito, el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Función Pública no ha presentado denuncia alguna ni ha informado sobre las investigaciones que realiza para detectar otras irregularidades a más de un año de que el actual gobierno del estado asumió el poder.
Se ha dicho en este mismo espacio en repetidas ocasiones que de nada sirve un discurso incendiario para atraer simpatías, si no hay acciones que respalden esos dichos; y el ofrecimiento de transparencia que hizo desde su toma de protesta Mariano González diluye las expectativas de un pueblo que se sentía agraviado por actos de corrupción y que esperaba justicia.
Peor es que, a pesar de la documentación que hizo un medio de comunicación, el ex secretario de salud, Constantino Quiroz Pérez se haya limitado a expresar un lacónico y evasivo mensaje: “nosotros dejamos claramente la cobertura de salud, los hospitales existen, somos respetuosos de los comentarios que ahora se vierten, pero importa el comentario de la ciudadanía, su reacción, su opinión y su valoración debe ser muy clara”.
Insistimos: mientras no haya denuncias penales por los delitos cometidos, mientras no se cite a declaraciones de los ex funcionarios (sin importar el rango que tuvieron en el sexenio panista de Héctor Ortiz); mientras no existan sanciones ejemplares, los dichos del gobierno de Mariano González Zarur no son sino un catálogo de buenas intenciones.
Y mientras no haya castigos para quienes cometieron actos de corrupción, las actuales autoridades seguirán agraviando la inteligencia del pueblo de Tlaxcala.
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