23 enero, 2012
Por JAVIER CONDE
En un hecho sin precedentes en la vida política y moderna de Tlaxcala, la Secretaría de la Función Pública (SFP), inhabilitó al exgobernador y ahora precandidato al Senado de la República Héctor Ortiz Ortiz por cinco años.
Lo anterior debido a que supuestamente contrató familiares durante su gestión. Datos recabados por este medio de comunicación afirman que el exmandatario fue sujeto a un proceso de investigación el cual arrojo supuestamente que cometió excesos en el ejercicio de sus funciones al darles trabajo a sus hermanos Rodolfo, Rosabla y Elvia Ortiz
Dentro de este asunto, el propio exjefe del Ejecutivo promovió un amparo ante la Justicia Federal, pues teme que sea detenido en cualquier momento por elementos de la Policía Ministerial adscrita a la Procuraduría General de Justicia del Estado. Este medio de comunicación dio a conocer dicha información el pasado tres de enero.
Ante esta situación, sus abogados han comenzado a analizar el por qué la autoridad estatal pretende iniciar un procedimiento administrativo y legal. Cabe señalar que por lo menos diez integrantes de su gabinete han sido sometidos a un proceso administrativo e incluso algunos de ellos han sido denunciados penalmente ante la PGJE por supuestos desvíos de recursos públicos.
De acuerdo con la información la misma suerte corrió su cuñado Justo Lozano Tovar recibió en el año anterior un citatorio de la propia SFP para que se presentara ante dicha institución a fin de aclarar algunos puntos con respecto al cargo que ocupo en el Icatlax. Y se sabe que el ahora diputado local hizo caso al mismo porque dicho citatorio llegó al Congreso del Estado y no a su domicilio particular.
Hasta el momento, Héctor Ortiz Ortiz no ha fijado una posición al respecto y por lo tanto podría ser un motivo para que le impidan legalmente contender en el próximo proceso electoral en puerta.
Según la SFP sostuvo que la sanción a Ortiz Ortiz está debidamente sustentada en los artículos 69 y 70 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala, ya que “hubo una franca y total omisión a la observancia de una ley como era su obligación como titular del Ejecutivo.
Asimismo, el gobierno del estado no ha vertido información oficial alguna pero lo cierto es que en todos los medios de comunicación del estado ya circula dicha información que se filtró desde el Poder Ejecutivo. Y se sabe que la notificación al mandatario estatal llegó el pasado sábado a su domicilio ubicado en la colonia Ocotlán de la capital tlaxcalteca.