19 diciembre, 2011
* ¿Seguiremos en la misma opacidad gubernamental?
Debido a que el gobierno del estado Tlaxcala no demostró tener un “interés jurídico, pues claramente se advierte de sus manifestaciones que lo que invoca no es ni jurídico ni legítimo, sino un puro interés simple”, la justicia federal ordenó reinstalar a los 16 notarios suspendidos hace un año.
La determinación fue un fuerte revés, con intensos efectos políticos, para el gobierno de Mariano González Zarur, particularmente porque “el promovente del recursos de revisión [el gobierno de Tlaxcala] no justificó en su mismo escrito de demanda de recurso de revisión, la violación en su perjuicio de algún derecho subjetivo que le asista para combatir los actos administrativos a que alude”.
Así, pues, se ordenó al Ejecutivo Estatal y a la Secretaría de Gobierno de Tlaxcala: “publicar en el Periódico Oficial del Estado (POE) un acuerdo que deje sin efecto la suspensión de los notarios, la designación de notarios sustitutos y el requerimiento del juego de protocolo en el que actúan”.
De igual manera, la justicia federal establece “ordenar de manera inmediata y bajo su más estricta responsabilidad a la Dirección de Notarías y Registros Públicos para que proceda a devolver los protocolos que hayan recibido” y “publicar en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor circulación que ha quedado sin efectos la suspensión de las funciones notariales así como el nombramiento de notarios sustitutos”.
Con esta resolución, emitida por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala, Miguel Bonilla López, queda en entredicho la estructura operativa que se encargó de llevar este caso, pues no informó en tiempo y forma al gobernador, quien ya había externado su confianza en que la razón asistía al gobierno de Tlaxcala.
Y queda la duda lacerante: ¿Cuántos otros casos como el de los Notarios Públicos están en entredicho?
Pero más allá de un cuestionamiento a quienes se responsabilizaron y documentaron el caso, valdría la pena poner sobre la mesa el accionar visceral que ha caracterizado a la presente administración estatal, que pretende, de acuerdo con lo visto en el último año, ganar a través de declaraciones mediáticas asuntos que tendrían que resolverse en otras arenas.
El revés, tendría que ser una oportunidad para que a través de un profundo análisis se reoriente la política, la misión y la visión del gobierno estatal, y se replanteen las estrategias a seguir en los siguientes cinco años. Especialmente porque en diferentes espacios se ha dejado en claro que las pifias cometidas por diferentes representantes del gobierno estatal pueden derivar en graves resultados electorales.
Es hoy o nunca. El gobernador Mariano González Zarur tiene ante sí la tarea de revisar los logros alcanzados en este primer año de gobierno o, en su defecto, pensar seriamente en realizar cambios profundos en la estructura de su gobierno.