Nuevamente clausuran Michelandia

18 diciembre, 2011

Por la REDACCIÓN

Por encontrar flagrante el delito de corrupción de menores, violaciones al reglamento de Protección Civil y a la Ley para la Protección de los No Fumadores, el centro botanero “La Compañía VI”, ubicado en Panzacola fue clausurado durante el vigésimo sexto operativo interinstitucional, mientras que el bar “Michelandía” instalado en Zacatelco, fue suspendido por no cumplir con medidas de seguridad para sus clientes.

El objetivo de la movilización de las diferentes instituciones estatales y federales es combatir y prevenir diversos delitos como portación de armas de fuego o drogas, robo de vehículos y trata de personas, entre otros, así como verificar las medidas de seguridad que marca el reglamento de Protección Civil y que los establecimientos cumplan con las normas sanitarias para operar, todo ello, a efecto de evitar alguna contingencia que se pudo haber prevenido.

A las 23:30 horas inició el contingente con la revisión del centro botanero “La Compañía VI” situado sobre la carretera Puebla-Tlaxcala, específicamente en la Avenida Tlaxcala, número 46, de la población de Panzacola, perteneciente al municipio de Papalotla, en donde se encontró a un menor de edad trabajando, así como diversas irregularidades operativas.

Por lo anterior, el personal del Instituto Estatal de Protección Civil (IEPC), de la Comisión Estatal para la Prevención contra Riesgos Sanitarios (Coepris), colocaron sellos de clausura y suspensión por violar los reglamentos y normas de esas instituciones, además la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), detuvo a diez personas, entre ellas los trabajadores y el encargado del lugar por el delito flagrante de corrupción de menores.

Más tarde el operativo se instituyó en el bar “Michelandía” ubicado sobre la carretera federal Puebla-Tlaxcala, a la altura del kilómetro 19, tercera sección, del municipio de Zacatelco, en donde el personal del IEPC se percató de violaciones a su reglamento, por lo que colocó los sellos de suspensión.

Todo lo anterior se concretó con la participación de trabajadores del IEPC, de la Secretaría de Salud (Sesa) y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH); así como de agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), de la Procuraduría General de la República (PGR), de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) y la Policía Federal.

Al interior de los locales se revisaron a los clientes y trabajadores para constatar que no contaran con mandamientos judiciales, armas o drogas y en general todo lo prohibido, en todos los casos el resultado fue sin novedad. Mientras que al exterior de ambos establecimientos las autoridades revisaron los vehículos que estaban estacionados a fin de descartar que alguno contara con reporte de robo vigente; sin que se hallara alguna irregularidad.