25 diciembre, 2011
Por la REDACCIÓN
De agosto a la fecha, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) recibió 160 quejas por presuntas violaciones a los derechos fundamentales de los gobernados. De ese registro, la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE) acumuló el mayor número de procedimientos, con un total de 54.
Lo anterior representa que el 33.8 por ciento de las quejas recibidas en el organismo autónomo, durante ese periodo, fueron interpuestas en contra de servidores públicos del sector educativo.
De acuerdo con el presidente de la CEDH, Francisco Mixcoatl Antonio, el repunte en las quejas promovidas contra docentes y directivos se debe a presuntos abusos cometidos en la temporada de regreso a clases.
En este sentido, abundó que buena parte de las quejas activas en contra de servidores públicos de esa dependencia estatal tienen como motivación presuntos condicionamientos de inscripción a las instituciones educativas previo pago de una cuota escolar.
El ombudsman precisó que las quejas contra la SEPE se encuentran en diferentes etapas procesales, en virtud de que cada asunto se ha abordado de manera aislada por tratarse, en la mayoría de los casos, de distintas escuelas.
Después de la SEPE, comentó que las corporaciones policiacas de nivel municipal registraron el mayor número de quejas en su contra, con 30 expedientes de agosto a la fecha, que equivalen al 18.8 por ciento del total.
Enseguida, detalló el presidente de la CEDH, se colocaron los servidores públicos de los gobiernos municipales con un total de 25 quejas, lo que representa el 15.6 por ciento de las quejas radicadas durante el periodo señalado.
Mixcoatl Antonio expuso que la cuarta autoridad con el mayor número de quejas radicadas en su contra fue la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), con 24 expedientes que en términos relativos significan el 15 por ciento.
Finalmente, el ombudsman local puntualizó que al considerar todas las quejas radicadas durante 2011, las corporaciones de seguridad pública, en su conjunto, son las autoridades con la mayor proporción de señalamientos por presuntos actos violatorios de los derechos humanos.