21 noviembre, 2011
* Colaboración de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI)
SENADOR DEUDOR
El Senado está explícitamente en deuda con la sociedad en materia de radio y televisión. Su más reciente aproximación al tema, ocurrida en diciembre pasado, y que implicaba el torcimiento de una oferta senatorial a los ciudadanos, aplazó a febrero el tratamiento de una reforma a la legislación respectiva. Transcurrió ese mes completo y prácticamente ha concluido el marzo legislativo sin que siquiera los promotores de las enmiendas diferidas parecieran recordar el asunto pendiente.
Ayer se presentó en el patio central de la sede de esa Cámara el libro La “Ley Televisa” y la lucha por el poder en México, con la presencia de algunos de los protagonistas de los aplazamientos y omisiones que constituyen parte de la gran deuda senatorial en materia de radio y televisión. La ocasión fue propicia para recordar ese adeudo y apremiar su pago.
Esa Cámara adoptó en diciembre de 2002 una actitud promisoria que se frustró y luego se convirtió en su contrario. El Senado hizo suyo entonces un anteproyecto de reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión nacido de la decepción y el desencanto vueltos sensaciones productivas.
Veintiún meses atrás, el 5 de marzo de 2001 la Secretaría de Gobernación del primer gobierno panista convocó a un amplio número de organizaciones civiles interesadas en el tema a discutir dicha reforma. Durante casi dos años, animadas por un entusiasmo acicateado por la promesa a que dio lugar la alternancia, se discutieron ponencias que abarcaban todo el dilatado territorio de la radiodifusión.
Sin embargo, como si nada de eso estuviera ocurriendo, en octubre de 2002 el presidente Fox entregó, como anticipo de la Ley Televisa, dos magníficos regalos a los concesionarios de radio y televisión: un nuevo reglamento y una voluminosa disminución de sus obligaciones fiscales, las pagaderas en especie.
En vez de refugiarse en la desolación ante el engaño, las agrupaciones civiles convocadas, ahora se veía que en falso, dieron el paso que se esperaba diera el gobierno y configuraron un proyecto de reforma que, como queda dicho, fue asumido por senadores en diciembre de 2002.
Resistencias interiores en esa Cámara impidieron que el proyecto se dictaminara, y ni siquiera fue tenido en consideración cuando en diciembre de 2005 llegó sorpresivamente de la Cámara de Diputados una minuta con una reforma que veloz y eficazmente se había aprobado allí sin disenso.
Se trataba de una reforma que consagraba los intereses de los grandes concesionarios, principalmente los de la televisión, es decir los integrantes del duopolio. Se pretendió que igual premura en ese mismo diciembre el Senado completara el proceso legislativo.
Algunos miembros de esa Cámara consiguieron aplazarlo para el siguiente periodo de sesiones. La noche del 30 y las primeras horas del 31 de marzo de 2006 la reforma fue aprobada en una de las sesiones que ilustran el peor parlamentarismo, donde se produjo una discusión contra el silencio.
En efecto, senadores priistas como Dulce María Sauri y Manuel Bartlett y panistas como Javier Corral y Felipe Vicencio expusieron argumentos contra el sistema de privilegios que se acumulaban en la reforma a debate.
Nadie opuso argumentos a los suyos, y sin embargo una mayoría de senadores del PAN y del PRI aprobó la que ya para entonces era conocida como “Ley Televisa”. El mote implicaba una inexactitud formal, porque no se trataba de una nueva ley sino de una reforma a dos ya existentes, la de telecomunicaciones y la de radio y televisión.
Suponía también una simplificación injusta porque no sólo Televisa era beneficiaria de las enmiendas y adiciones sino también TV Azteca y los grupos que concentran en sus manos la radiodifusión.
La minoría de senadores derrotada en marzo consiguió iniciar en mayo de 2006 una acción de inconstitucionalidad que en junio del año siguiente fue resuelta por la Suprema Corte de Justicia dándole la razón. Fueron declarados contrarios a la Constitución varios de los preceptos que concentraban las prebendas cuya garantía era el propósito central de la reforma.
El Senado quedó así con la obligación de reponer el proceso legislativo para, por un lado, dictar nuevas normas apegadas a la Constitución en los puntos tachados por la Corte, y para adecuar el cuerpo entero de las dos leyes modificadas a tenor de la sentencia del tribunal constitucional.
El Senado ha sido omiso frente a esa exigencia del Poder Judicial, y en realidad ha desacatado la sentencia. Si bien en 2007 aprobó una reforma constitucional en materia electoral con transformadoras medidas en materia de radiodifusión, no ha acometido la vasta tarea de reformar a fondo, de refundar en realidad como hace falta, el sistema mexicano de los medios audiovisuales.
En febrero de 2008 refrendó su compromiso de hacerlo al recibir, minutos después de su creación, a los organizadores del Frente nacional por una nueva ley de medios, que creyeron posible abordar esa tarea en el periodo de sesiones que entonces se iniciaba. Pero ni en ése ni en tres más que han corrido desde entonces se esbozó siquiera un intento por hacerlo.
A menos que se tome como tal un movimiento para una reforma parcial y favorable a los concesionarios que se buscó aprobar en diciembre pasado. Sus impulsores la difirieron para febrero y no reiniciaron su tarea, que podría dar lugar al debate necesario para la rehechura legislativa que se requiere. Hoy queda claro, por lo demás, que sin esa reforma al sistema de medios no habrá cabal reforma política.
Cajón de Sastre
En la presentación del libro mencionado líneas arriba el senador Carlos Sotelo refutó los argumentos que desarrollé conforme a lo dicho en el cuerpo principal de esta columna. Defendió el dictamen de diciembre, que finalmente no prosperó, contra mi señalamiento de que encerraba una contrarreforma pues pretende dar nueva vigencia al refrendo automático considerado como inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia y que, por lo tanto, debe ser modificado en la dirección indicada por la sentencia judicial.
Tras señalar logros que el dictamen hubiera traído consigo para los medios alternativos (públicos y comunitarios), admitió que la propuesta de refrendar una vez más concesiones largamente aprovechadas es un punto polémico, y me invitó a discutir el punto. Lo haré con mucho gusto, ya sea en privado o en público, como le resulte pertinente.
Nota: La AMEDI recuerda al periodista Miguel Ángel Granados Chapa con este texto.
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