14 noviembre, 2011
Por EDGAR R. CONDE CARMONA
Por fin, las primeras acciones de la Secretaría de la Función Pública del Estado (SFPE) derivan en la inhabilitación como servidor público de Heriberto Gómez Rivera quien, en el gobierno panista de Héctor Ortiz Ortiz, ejerció dos cargos simultáneos en dos entidades diferentes.
Tras nueve meses en el cargo, ésta es la primera medida importante –esperamos que no la única– que respalda el discurso inaugural de Mariano González Zarur en su ascenso al poder cuando ofreció a la ciudadanía “desterrar de la entidad” el ambiente de deshonestidad, corrupción y opacidad que se vivía en ese entonces.
Por lo pronto, al orticista Gómez Rivera lo inhabilitaron por cinco años para desempeñarse en cualquier cargo público, y le impusieron una sanción económica por poco más de 700 mil pesos.
Y es que, de acuerdo con la investigación integrada, Heriberto Gómez Rivera se desempeñó como Consejero Jurídico del gobierno del estado de Tlaxcala (donde percibía un sueldo de 17 mil pesos mensuales) y al mismo tiempo fungió como representante patronal de los poderes públicos, municipios o ayuntamientos ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje (ahí percibía un ingreso mensual de 27 mil pesos). Esto sucedió en el sexenio panista de Héctor Ortiz Ortiz.
O sea, era Juez y Parte. En términos más llanos: estaba con Dios y con el diablo, pues.
Ya hay chivo expiatorio de esta falta, calificada de “grave” por la SFPE. Pero ¿será Heriberto Gómez Rivera el único y solitario responsable de este acto que, además de atentar contra “la buena fe de la administración pública” dañó al erario del estado de Tlaxcala?
Un dato: el entonces gobernador de Tlaxcala, Héctor Israel Ortiz Ortiz envío al congreso del estado (casi al concluir su administración) la propuesta de ratificación de Heriberto Gómez como representante de los poderes ante el TCyA.
Por cierto, a pesar de esta propuesta, el entonces jefe del Ejecutivo, sabía que su “recomendado” también era su empleado y se desempeñaba como Consejero Jurídico del Gobierno del Estado, ¡nada más!
Lo interesante de este hecho es que si la SFPE ya empezó con las medidas, no puede parar y estará obligada, en las siguientes semanas, a presentar más casos como éste. Pruebas, las hay; tiempo lo tienen; lo que está en duda es la disposición.
No vaya a ser que esta acción sea únicamente una “llamarada de petate” para justificar el trabajo y para seguir dándole al pueblo de Tlaxcala “atole con el dedo”.
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