14 noviembre, 2011
Desde la REDACCIÓN
Ahora los integrantes de la actual legislatura local pretenden ponerle un bozal a los medios de comunicación al presentar una iniciativa que prácticamente pasaría por alto el artículo séptimo de la Constitución Federal, que establece precisamente el espíritu real de la Libertad de Expresión.
El jueves pasado, el diputado local, Francisco Romero Ahuactzi, presidente de la Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales presentó la iniciativa a fin de crear una nueva Ley de Acceso a la Información para el Estado de Tlaxcala, que contiene artículos que lesionan la libertad de expresión y de prensa.
Directamente hay que cuestionarle al diputado local ¿Qué intención tiene esta reforma? ¿Quién intenta hacer un traje a la medida de los políticos? ¿En verdad el diputado conoce el artículo séptimo constitucional? ¿En verdad sabrá de leyes?
El hecho es que el legislador demuestra una verdadera ignorancia en el tema cuando en realidad debería pregonar con asuntos de transparencia y que por cierto el Congreso Local, es el primer ente en violar la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.
Si alguien tiene duda, sólo basta observar la página de internet del Congreso, que no sólo su diseño es pésimo, sino que no cumple cabalmente con lo que establece la ley en comento. Ahora, el legislador pretende acallar lo que la prensa diga con respecto al trabajo de funcionarios públicos y sus acciones.
En este sentido, el presidente de la Unión de Periodistas del Estado de Tlaxcala, Juan Luis Cruz Pérez, calificó este hecho como una “graciosa chistosada” y la verdad creemos que también el periodista anda perdido porque no es graciosa ni mucho menos chistosa la acción que pretenden concretar los diputados locales.
Por esta razón, los periodistas tlaxcaltecas estamos obligados a alzar la voz, unidos o bien desde sus trincheras para evitar que éste “flamante” y gris diputado local frene su intentona por impulsar la reforma de esta ley que de por sí, es una ley a letra muerta.
Bajo este escenario de ignorancia por parte del presidente de esta comisión señala que esta iniciativa está acorde a la norma federal e internacional. Habrá que cuestionarle si conoce en realidad, lo que protege la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en lo que se refiere a libertad de prensa y de expresión.
Ahora, resulta que los diputados locales le dirán a los periodistas y empresas qué hacer con respecto al ejercicio de su trabajo informativo. Queda claro que la ignorancia de este legislador rebasa los topes que el propio significado de la palabra tiene y que representa un claro atentado contra el trabajo informativo.
Peca de ingenuo
El documento establece “los medios de comunicación y periodistas, en general, deberán ejercer su derecho a la libertad de expresión y de información de manera responsable, realizando artículos periodísticos de carácter completo, veraz, adecuadamente investigados y contrastados con las fuentes que sean convenientes”.
Y prosigue “no sólo el derecho a la información del ciudadano, sino también del derecho al debido proceso que debe regir en toda causa pública contra un funcionario público, así como también al respeto a la honra y al buen nombre de las personas probablemente implicadas en una investigación periodística”.
La intentona de la Comisión de Acceso a la Información o bien de quien está atrás de esta iniciativa pretende coartar la libertad de expresión y de prensa, por lo que queda claro que intentan poner en un nicho a los funcionarios públicos para que no sean entes sujetos a la crítica. ¿Romero a quién pretende engañar?
En la tribuna, sostuvo que no se trata de defender a ningún funcionario, sino que las investigaciones que realicen los periodistas estén debidamente fundadas. Por esta razón, es necesario decirle al diputado que hay otras leyes que sancionan a los periodistas cuando incurren en la difamación.
De ser así señor diputado cuántos periodistas aquí, en el país y en el mundo estarían sometidos a un proceso de carácter civil o penal, dependiendo la nación en que se haya cometido un atropello. Es necesario decir que hay más periodistas muertos que enfrentando un proceso legal en México sólo por el hecho de revelar información que lesiona intereses de unos cuantos.
La federalización
Y bueno, es importante que el diputado y los integrantes de la misma comisión se ilustren y estén debidamente informados. Desde la redacción reproducimos una nota informativa publicada en el periódico El Universal, con fecha primero de noviembre de 2011:
“La federalización de los delitos contra la libertad de expresión -una iniciativa impulsada por organizaciones de periodistas y editores, entre ellas la SIP- quedó destrabada en la Cámara de Diputados, al ser presentada ayer ante el pleno y puede ser aprobada este mes.
Se trata de un proyecto de elaboración colectiva, bajo la convocatoria de la comisión especial de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación, que está presidida el panista Gerardo Priego.
La reforma que adiciona un título vigésimo séptimo “de los delitos cometidos contra la libertad de expresión” en el Código Penal Federal, en noviembre había sido formada por los coordinadores de las bancadas de la Cámara de Diputados, y sin embargo la Comisión de Justicia prolongó su dictamen, con la inclusión de la definición de actividad periodística, al tiempo que se preparó una reforma constitucional.
El dictamen de la federalización de los delitos contra la libertad de expresión expone que además de las penas que impone la comisión de un delito penal, se añadirán de uno a cinco años de prisión y de 100 a 500 días multa a quien impida, interfiera, limite o atente contra la actividad periodística, de acuerdo con el artículo propuesto.
En el artículo 431, se añade la definición de actividad periodística: es “el ejercicio de buscar, recolectar, fotografiar, investigar, sintetizar, redactar, jerarquizar, editar, imprimir, divulgar, publicar, o difundir informaciones, noticias, ideas u opiniones para conocimiento del público en general a través de cualquier medio de comunicación, así como la distribución de éstas”.
Indignación
Queda claro que los integrantes de la citada comisión, Francisco Javier Romero, Alejandra Roldán Benitez, Lilia Caritina Olvera Coronel y Vicente Morales Pérez pretenden poner un bozal a los medios de comunicación y de concretarse esta propuesta atentaría no sólo contra el gremio periodístico sino contra el pueblo.
Y por qué, porque la ciudadanía tiene derecho a estar debidamente informados sobre lo que pasa en Tlaxcala, tiene derecho a conocer las tropelías y los excesos que comenten los funcionarios en el poder, pero sobre todo tiene derecho a emitir un juicio sobre el quehacer de los propios medios y del actuar de los políticos.
Darle más elementos a la Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, sería riesgoso porque se convertiría en la Santa Inquisición de periodistas y de empresas en el estado de Tlaxcala. Sería importante el punto de vista de analistas y del propio pueblo para conocer su postura ante este agravio.
Por último, acaso también pretenden acallar lo que digan la gente, la raza en las redes sociales como facebook y twitter?
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