07 noviembre, 2011
Por EDGAR R. CONDE CARMONA
Todo indica que el gobierno del estado maneja un doble discurso. Discurso que sienta las bases para una crisis social sin precedentes. Por un lado, este gobierno asegura apertura y diálogo. Por otro, en las acciones acusa cerrazón y sordera.
Atribuye Hugo del Razo Salado, líder de la Coordinadora de Transporte Estatal y Federal, “cerrazón y hostigamiento” en los trámites de la regularización de las unidades de dicha organización.
No es la primera ocasión en que representantes de los transportistas se quejan por supuestas “arbitrariedades” cometidas por Inspectores de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado (Secte).
Hace exactamente un mes, Juan Antonio Martínez Loaiza, presidente de la empresa Urbanos y Sub Urbanos (USU), acusó a Gisela Santacruz Santacruz, Secretaria de Comunicaciones y Transportes del Estado de un proceder “unilateral y con favoritismos” en el reordenamiento del servicio de transporte público en Tlaxcala.
Ante este panorama, dice el líder transportista, “si en este caso [Gisela Santacruz] se cierra, no nos va a quedar otra que la movilización”.
El riesgo “latente” de la movilización que provoque el caos en las calles y carreteras de la entidad se origina porque, en boca del dirigente de la organización, faltan por regularizar alrededor de mil 80 unidades del transporte público en la entidad.
Además, otros factores que influyen en esta postura es que los transportistas quieren que en caso de morir el concesionario, el permiso quede en manos de sus familiares, así como el retiro de mototaxis en diferentes municipios de la entidad.
Lo dicho por Del Razo Salado tendría que ser motivo suficiente para poner a trabajar a cada una de las dependencias de gobierno relacionadas con el tema para que, ley en mano, atiendan este foco rojo.
Los transportistas se sienten fuertes, por eso amagan: “Somos personas de diálogo, pero si la titular hace caso omiso no queda más que el derecho de manifestarnos”.
Los transportistas se sienten fuertes porque han detectado que, en su doble discurso, el gobierno de Tlaxcala ha dejado espacio suficiente para buscar arreglos, aun cuando la Ley quede al margen. Pero hasta el momento, nadie se ha dado a la tarea de atender esas advertencias.
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