21 noviembre, 2011
Por CLAUDIO CIRIO ROMERO/ Comisionado de la Caiptlax
En estricto la Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala tiene una corta edad de poco menos de cuatro años. Si se tomara el símil de los seres humanos, sería un infante.
Y como tal, ante una revisión de la ley que la creó, en pos de su reforma para mejorar el tema de la transparencia en la entidad, el caso particular de su fortalecimiento (ayudarle a crecer diríamos en el símil que utilizamos arriba) debería ser de lo más relevante.
Pero leyendo concienzudamente la iniciativa de ley respectiva, cuya primera lectura se dio en el Pleno de la LX Legislatura local, nos parece que no es así. Prácticamente no se modifica nada en torno al órgano garante de la transparencia en nuestro estado, pese a que nosotros venimos planteando desde hace un buen tiempo esta pertinencia.
Y el primer referente que tenemos para formular cambios en la CAIPTLAX, es la llamada Ley Modelo en materia de acceso a la información pública, elaborada por la Organización de Estados Americanos (OEA) y que se discutió a principios de año en un seminario celebrado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
Cambios, todos ellos sí, hay que decirlo no muy fáciles de asimilar en el contexto de una cultura política de la desconfianza en los servidores públicos en general. He dicho en otros momentos que el diseño actual de la CAIPTLAX es casi en estricto todo lo contrario de lo que sugiere la Ley Modelo de la OEA. Y quizá por eso los autores de la propuesta, es decir los que la definieron finalmente, parecen no querer arriesgarse al ruido que una propuesta radical de cambio pudiera generar.
Por considerar particularmente que se estaría perdiendo una magnífica oportunidad para ayudar a que la CAIPTLAX se fortalezca es que vuelvo a plantear aquí las cuestiones centrales, en cuanto a los Comisionados del órgano garante, en aras de que algún diputado pudiera plantear el asunto por lo menos para el debate.
Lo primero es en cuanto al número. La ley modelo de la OEA sugiere que sean cinco (o en todo caso tres, como está ahora nuestro órgano garante) poniendo en la mesa de la reflexión que en un órgano de tres, basta con que dos de ellos coincidan plenamente para que el tercero prácticamente quede anulado en su accionar, cosa que se dificulta en un órgano de cinco.
¿Qué puede pensarse desde el simplismo de siempre? Que se incrementa la burocracia, cosa cierta pero que por lo mencionado, así como el hecho de que también es el órgano garante del Derecho a la Protección de los Datos Personales y tiene un papel importante en el Consejo General de Archivos (secretaría) bien merece el riesgo.
Lo segundo es el tiempo de duración en el encargo. El referido documento sugiere cinco años. Nuevamente sin mayor reflexión se pensaría que es demasiado, pero no es así en cuanto a que ello permite que los tiempos de las autoridades, centralmente el Ejecutivo y el Legislativo, no coincidieran en su renovación y por lo tanto los criterios de signo partidista disminuirían en su designación. De hecho se sugiere también que ambos poderes participen en el proceso de designación como contrapesos y en Tlaxcala sólo el Legislativo se encarga de ello.
Lo tercero es en cuanto a la posibilidad de su reelección. Cuestión que se sugiere por la OEA, en un periodo inmediato, pero que choca rápido contra uno de nuestros mitos nacionales pero que parece, disculparan la palabra, se nos ha vuelto tara, cuando todos los estudios serios nos dicen que toda reelección es un muy recomendable ejercicio de rendición de cuentas. Además de que fomenta la profesionalización de los funcionarios de este tipo de órganos, como los electorales o los de derechos humanos.
Y finalmente el nombramiento escalonado. Que quizá es el que menos se entiende y que probablemente ante lo que ocurre con las trabas en la Cámara de diputados federal para nombrar a tres miembros del consejo General del IFE, parece no ser buen momento para argumentar en su favor.
Pero el escalonamiento no sólo se puede calificar como favorable porque implique la continuidad en el trabajo por el hecho de que en el órgano siempre habrá gente con tiempo en él y gente nueva, sino como coloquialmente lo he explicado a un amigo. La ambición partidista y sus complicaciones son mayores cuando se trata de repartir el pastel completo, la repartición de una o dos rebanadas obliga a una mayor negociación y por lo menos en teoría a una decisión de mayor calidad.
En fin ya veremos qué deciden nuestros diputados, a quienes ya por incluir el tema en su agenda legislativa hay que reconocer y decirles con todo respeto que pueden, si quieren, realmente fortalecer a la CAIPTLAX o dejarla como está en espera de que en un futuro se le permita llegar con plenitud a la juventud y la adultez democrática.
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