24 octubre, 2011
Por MAYRA ROMERO GAYTÁN
Hace unos días tuve la oportunidad de participar en el Seminario Permanente “Acercamientos a la Libertad de Expresión” que impulsa la Universidad Autónoma de México (UAM), Unidad Cuajimalpa en defensa de este derecho, volviendo este espacio de discusión y análisis en un ejercicio multidisciplinario que obligó a la reflexión y gestación de políticas públicas que fortalezcan este derecho a nivel institucional.
Durante este seminario se expusieron diversos casos de reconocidos periodistas en los que su Derecho a la Libertad de Expresión se ha visto claramente vulnerado por no favorecer a ciertos intereses, como en el caso específico del periodista Alfredo Rivera Flores quien, derivado de la publicación de su libro “La Sosa Nostra, Gobierno y Porrismo coludidos en Hidalgo”, fue condenado ya que, a pesar de que su obra presenta documentos y recuentos hemerográficos sobre la historia de la Universidad de Hidalgo y algunos de sus actores, dicha obra fue calificada como ilícita además de que, supuestamente, causó daño moral a Gerardo Sosa Castelán Ex Rector de dicha Universidad.
En lo que resulta el colmo de este clima de inseguridad que se vive en nuestro país, la influencia de el crimen organizado ha alcanzado no sólo a las instituciones encargadas de brindar seguridad y procurar justicia, sino también a los encargados de sostener nuestro Derecho a la información. Los medios de comunicación son ahora blanco de los ataques y amenazas de los grupos del crimen organizado quienes han tratado a toda costa de coartar el Derecho que todos tenemos de saber ya que muchas veces está en juego la vida misma del reportero que realiza investigación lo cual le impide dar a conocer su información.
No podemos soslayar el hecho de que en México el ejercicio periodístico es catalogado como de alto riesgo, tal y como queda de manifiesto en el Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) después de hacer un profundo análisis de la situación que guarda el ejercicio del Derecho a la Libertad de Expresión en nuestro país hasta el año 2010, contabilizando, y documentando además, el número de asesinatos, desapariciones, agresiones, ataques a distintos medios de comunicación y detenciones.
Por ello, debemos agradecer y dar su justo valor a todos aquellos quienes practican el periodismo, pero principalmente a los que practican el periodismo de investigación, puesto que son ellos quienes ejercen en primera instancia el Derecho a Saber y, en su caso, el Derecho de Acceso a la Información para después poner en práctica su Derecho a expresarse libremente y de esta forma dar a conocer esa información a gente que, comúnmente no tendría otra forma de conocerla. Es decir, en el periodismo y en su labor de informar se encuentra implícito el derecho del público a saber, por lo que se convierte en un asunto de interés público.Vaya pues un reconocimiento a quienes practican esta noble y, en algunos casos, riesgosa labor.
El ejercicio de la lab riodística y, por consecuencia lógica, la libre manifestación de ideas, propias o producto de una labor de investigación, tiene que ser en nuestro país un pilar que contribuya en la construcción de una democracia plena en la que se respeten de manera irrestricta las libertades y los derechos de las personas.
*Comisionada de la CAIPTLAX.
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