20 octubre, 2011
Por JAVIER CONDE GUTIÉRREZ
En el gobierno del estado hay preocupación por un supuesto masivo de trabajadores que habrá en prácticamente en todas las dependencias del Ejecutivo, derivado de los problemas financieros que dejó el anterior mandatario Héctor Ortiz Ortiz y cuyo efecto del desempleo se verá en diciembre próximo.
Mentira o realidad, es lo que han profesado algunas voces que temen a perder su empleo, mientras que hay otros empleados que están preocupados por el anuncio de un supuesto recorte en sus salarios a partir de la próxima quincena. Esta noticia ha comenzado a circular por las redes sociales rápidamente.
Derivado de lo anterior sería importante que el gobierno de Mariano González Zarur confirme o desmienta lo antes posible esta versión, que de resultar cierta afectaría en los bolsillos a un número importante de trabajadores, muchos de ellos que lucharon por el proyecto político-electoral del PRI.
Otro aspecto, el real es que dentro de la estructura de trabajadores sindicalizados debería haber una revisión a fondo de la labor de todos ellos, porque en muchos de los casos hay muchos empleados zánganos que representan una carga para el erario público.
Lo cierto, es que el gobernador del estado, dio órdenes para que todos aquellas gentes ligadas con Héctor Ortiz y que dejó sindicalizadas en varias dependencias del Poder Ejecutivo fueran despedidas bajo un arreglo con el Sindicato “7 de Mayo”. Los orticistas -más que el propio Ortiz- han comenzado a desfilar pregonando por las calles su inconformidad como almas en pena.
En este escenario de versiones encontradas, es necesario retomar aquellas palabras que dijo Héctor Ortiz Ortiz en su reaparición pública el pasado domingo: “Tengo la conciencia tranquila”… ¿Y de verdad la tendrá tan tranquila?…
El asunto es que el secretario de Finanzas Estatal, Ricardo García Portilla difundió en su momento que el exgobernador había dejado una deuda de mil millones de pesos y que por lo tanto, se tendrían que hacer los ajustes necesarios para solventar los pasivos generados.
Y de todo esto la ciudadanía se preguntará por qué no han aplicado la ley para sancionar o inhabilitar de su cargo tanto al exgobernador como a sus colaboradores afanosos quienes ahora están listos para apoyarlo en su idea de llegar al Senado de la República.
Lo peor de todo, es que de concretarse el despido masivo de trabajadores tendrá un efecto negativo en los índices de empleo en Tlaxcala. También hay que recordar la entrevista que ofreció Héctor Ortiz Ortiz al periódico El Sol de Tlaxcala, días antes de que dejara el cargo en la cual se muestra dichoso, afanoso.
En sus respuestas, el precandidato panista al Senado pregonó que dejaba a un estado con finanzas sanas, sin libres de deuda, pero basta con escuchar a proveedores y acreedores quienes se quejan que desde hace tres años el gobierno no les paga y ello ha puesto en jaque la operación de sus negocios.
La guerra electoral
Las declaraciones del gobernador Mariano González Zarur, crearán un escenario de encono en el ámbito político, luego de que acusara que desde las dependencias federales se han comenzado a partidizar los programas asistencias y que la duda si el presidente Felipe Calderón meterá las manos o no en el proceso electoral de 2012.
O bien será que los delegados federales no respetan la palabra del presidente Calderón o bien es puro rollo mediático. A Leonor Romero Sevilla, delegada de la Secretaría de Desarrollo Social sería a la primera que habría que preguntarle eso porque rimbombante le aplaudía a Héctor Ortiz Ortiz en su reaparición pública.
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