LA MULTA

12 septiembre, 2011

*Colaboración de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI)

A los pocos días de que asumiera la titularidad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, dirigí a Dionisio Pérez Jacome una extensa carta advirtiéndole de los retos que, según mi personal punto de vista, habría de enfrentar en el sector de las telecomunicaciones y la radiodifusión, si en realidad quería elevarse por encima de las parcialidades y hacer valer su función desde el interés público.

Le compartí un rubor personal que es a la vez una pena de carácter político-partidista: “… es en el estratégico sector de las telecomunicaciones y la radiodifusión, quizá el ámbito donde tanto el gobierno del Presidente Fox, como el del Presidente Calderón, que ya suman diez años, no sólo han sido erráticos, sino donde se han producido varias de las decisiones que más cuestan al prestigio político del PAN”.

Abiertamente le expresé mi mayor preocupación: “En México la televisión y en menor medida la radio, se han convertido en el poder político más importante, incluso como lo apunta el Dr. Raúl Trejo Delarbre, se tiene una idea generalizada entre las organizaciones de la sociedad civil y especialistas en el tema, de que se han convertido en un poder demasiado grande para la democracia.

Todo ello debido a las omisiones del Estado Mexicano para acotar su influencia, lo cual debilita el libre ejercicio democrático de las garantías constitucionales, pero sobre todo, determina limitaciones o prerrogativas para la libertad de expresión de los mexicanos. Si a ello se le suma el estado actual que prevalece en México en torno a las telecomunicaciones, el futuro es poco alentador”.

Esperaba que el cambio de titular en la SCT desembarazara un poco al gobierno de Felipe Calderón de su desproporcionado compromiso con Televisa, asumido desde la polarizante campaña de 2006 y que desde entonces hasta la fecha ha pasado del favoritismo al sometimiento.

Todo lo que han pedido, les ha sido concedido por el gobierno al precio y condiciones que han querido; lo más delicado es que no sólo en beneficios para su expansión de negocios, sino en colocarse abiertamente de su lado en el combate que libran desde el plano político y mediático – nunca en el económico -, en contra de sus actuales o eventuales competidores.

La multa impuesta a Telcel por la Comisión Federal de Competencia por 11 mil 989 millones 653 mil 276.40 pesos, es una decisión política en esa lógica de congraciamiento o subordinación a la Televisión. No se puede entender de otra manera que un expediente que data de cinco años atrás y literalmente fue desenterrado de archivos casi muertos, sea usado por el gobierno para tomar partido en el momento más álgido del pleito que libran entre sí los operadores monopólicos tanto de la telefonía móvil como de la televisión abierta.

Que lástima que se haya determinado actuar así; que un asunto tan importante como el regular y castigar prácticas anticompetitivas y/o monópolicas en el tema de los servicios de interconexión, termine de nueva cuenta en un enfoque parcial, sectario, y por supuesto, animado también por la idea que se incubó en la actuación del Presidente Calderón de que, con irse fundamentalmente contra las empresas de Carlos Slim, acreditaría una política antimonópolica. Nada sería más contundente a ese propósito que abrir el mercado a nuevos jugadores, simplemente más competencia.

La solución verdadera vendrá cuando “se eleven sobre las parcialidades y se haga valer el interés público”; cuando el sector sea visto en su integralidad a partir de una realidad inobjetable que es la convergencia plena del mercado de las telecomunicaciones, con base en el fenómeno tecnológico digital que ha permitido la imbricación de redes con servicios. Vendrá cuando el gobierno tome la decisión de apoyar una reforma integral a la legislación de telecomunicaciones y no esquirolearla o embatirla.

Cuando los temas y los actores se vean en su conjunto, cuando incluso, el tema de las tarifas de interconexión sean vistas no sólo con relación a la apertura de la televisión, “sino en función de las obligaciones específicas para los operadores de inversión y cobertura, a fin de que las nuevas tecnologías y sus ventajas lleguen a la mayoría de los habitantes, sobre todo los más desprotegidos”, como lo sostiene la AMEDI.

El gobierno debiera actuar en consecuencia con el Plan Nacional de Desarrollo que señala como uno de sus objetivos incrementar la competencia entre concesionarios de telecomunicaciones, pero las cosas están al revés: mientras a Telmex se le prohíbe entrar al mercado de la televisión, y a MVS no se le define si puede o no ofrecer los servicios de Banda Ancha, a Televisa se le ha impulsado su plan de negocios.

La cifra de casi 12 mil millones de pesos es un monto inédito, inusitado para una multa, sí. Pero que importante hubiera sido que tuviera solidez técnica y jurídica, que fuera ejemplar en el ejercicio de un estado de derecho moderno. Lamentablemente nada de eso trae; no nos comunica la buena nueva de que ha llegado la rectoría del Estado; es otro episodio más de favoritismo político, con buena dosis de revancha.

AUTOR: Javier Corral/ integrante de la AMEDI.