29 agosto, 2011
Por MAYRA ROMERO GAYTÁN
La situación actual de las organizaciones e instituciones públicas es compleja, toda vez que carecen de credibilidad por parte de la sociedad gracias a la idea generalizada de que sólo sirven para cumplir con compromisos políticos, pago de cuotas de poder, reparto de puestos en la burocracia o simplemente para justificar parte de la distribución del presupuesto.
Las instituciones públicas, por ley, están obligadas a respetar sus atribuciones y facultades por lo que, hoy en día, deben permitir en cierta medida la participación de la sociedad en la toma de sus decisiones aunque ello no significa que la ciudadanía, en base a su derecho a saber, controle por completo a las instituciones sino que ambas interactúen de manera coordinada para evitar que se dupliquen atribuciones o se invadan competencias.
Actualmente podemos observar que algunas de estas instituciones, de origen, han sido creadas con algunas limitantes o frenos, es decir carecen de facultades para conseguir que impere el precepto legal que ha dado sustento a su creación ya que no cuentan con los mecanismos adecuados para sancionar o inhabilitar a los que incumplen su normatividad. Todo ello se reduce a simples recomendaciones que simulan los llamados a misa: muchos los escuchan y otros tantos simplemente los ignoran.
Es por ello, que la participación de la sociedad organizada tiene una función importante como medio de control sobre las dependencias al informarse sobre sí estas últimas llevan a cabo una verdadera rendición de cuentas comprobando que la información que entregan sea confiable y que realmente coadyuve a que el solicitante pueda tener una toma de decisiones consciente y que pueda mejorar su calidad de vida. Sin embargo, “No pretendo con esto hacer creer que la sociedad deba estar confrontada permanentemente con las instituciones, más bien, se trata de trabajar de manera conjunta y coordinada en un espacio donde impere el respeto y la tolerancia privilegiando, en todo momento la Ley”.
Por lo anterior, es de vital importancia la creación de la Red por la Rendición de Cuentas, toda vez que, con la participación activa de académicos, instituciones y de distintas organizaciones sociales se generarán mejores resultados en beneficio tanto de la sociedad como del Estado, lo cual debería traducirse en menos costos, menos trámites y menos corrupción pero también en un mayor compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y el derecho de acceso a la información, rompiendo los paradigmas de la opacidad, la discrecionalidad y el ocultamiento de la información.
Por tal motivo resulta fundamental comentar, que las instituciones no sólo deben contar con las atribuciones y las facultades necesarias para generar una rendición de cuentas, también deben contar con los recursos humanos y materiales indispensables para poder garantizar a la sociedad su derecho a saber, terminar con tanta burocracia, eliminar trámites excesivos, dejar de propiciar actos de corrupción y dejar de practicar la simulación como parte de sus actividades en diversos organismos e instituciones públicas.
Es así que con el apoyo y trabajo conjunto de la sociedad en general, la Red por la Rendición de Cuentas generará mayor conciencia en los titulares de cada una de las instituciones a fin de contribuir con el proceso democratizador de la vida pública y como en su momento lo comentó acertadamente Juan Francisco Escobedo, “ningún presupuesto público, partida, programa gubernamental, servidor público ni institución pública queden excluidos de la obligación de rendir cuentas”.
Concluyo esta colaboración exponiendo, que se debe generar en todas las instituciones una cultura de rendición de cuentas real y no seguir fomentando una simulación por parte de los servidores públicos, lo cual, se logrará con la firme participación ciudadana, de la sociedad organizada, de servidores públicos conscientes y proactivos, éticos y formados en valores, capaces de poner en práctica políticas de vanguardia sin temor a dejar de lado viejos vicios, enraizando la transparencia y la rendición de cuentas tanto en el resto de los servidores públicos como en la sociedad.
*Comisionada Propietaria de la CAIPTLAX
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